Punto Noticias.- Paulina Murillo, adjunta de derechos de consumidores y usuarios de la Defensoría del Pueblo, calificó como positiva la decisión de la Junta Monetaria de no implementar la política de cobro de intereses sobre las tarjetas de crédito, aunque también reconoció que aún hay mucho por hacer en los servicios financieros que se ofrecen y de los cuales los usuarios no están bien informados.
“Hemos revisado estados de cuenta y es difícil entender los conceptos que se consagran en los estados de cuenta (…) Por ejemplo, para los usuarios es difícil entender cuál es la diferencia entre el pago sugerido y el mínimo”
En ese sentido también hizo un llamado a la población para que estén conscientes que detrás de un derecho hay una corresponsabilidad de un manejo responsable de tarjetas de crédito, por lo que anunció que se impulsará una campaña sobre el tema.
“Lo recomendable es organizarnos previamente a endeudarnos para posteriormente pagar la totalidad del crédito y posteriormente no pagar la mora”
Cobros indebidos
Murillo recordó que en octubre del 2018 se realizó una investigación sobre los cobros indebidos por parte de GEA a los usuarios de la banca y entorno a ello la Junta Monetaria estableció que sea la Superintendencia de Bancos que revise el tema.
De ahí que la semana pasada los directores de defensa del Consumidor de la Defensoría del Pueblo y la Superintendencia se reunieron para informar lo que se ha recopilado en este tiempo y posteriormente hacer un documento.
“Se conoce que existen 18 mil quejas presentadas, no todos recogidas por la Defensoría del Pueblo”
Sin embargo, según la Superintendencia, solo existirían 12 mil quejas de las cuales no todas se habrían podido comprobar que fueron sujetos a cobros indebidos y otras quejas de personas que sí firmaron y luego no querían. Pero todo ello se dará a conocer en el informe que se prepara conjuntamente con la Defensoría.
En todo caso Murillo explicó que hay otros seguros además de GEA que son reguladas por la Superintendencia pero no en su manera de prestar al servicio pues, a criterio de la funcionaria, se debe exigir que las empresas muestren los contratos y la expresión contundente de la persona que acepta algún servicio.
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