Hasta hoy el expediente del Ministerio de Defensa y de la Arcotel no han logrado probar que el medio de comunicación incitó a la violencia en octubre de 2019, agregó.
Paulina Mogrovejo, abogada y experta en comunicación, calificó como una vulneración a la libertad de expresión la decisión del Tribunal Provincial de revocar la acción de protección presentada por Pichincha Universal para impedir el cierre del medio de comunicación.
“Lo ha dicho el propio relator para la libertad de expresión Edison Lanza, que esto podría significar una censura de parte del Gobierno ecuatoriano”.
Señaló que esto responde a que Pichincha Universal no comparte la línea editorial del Gobierno y también al contexto preelectoral, donde el propio secretario de Gabinete Juan Sebastián Roldán advirtió públicamente que promoverán acciones judiciales contra candidatos que sean parte de la Revolución Ciudadana y eso conlleva impedir su acceso equitativo a medios de comunicación: “Buscan promover una autocensura”.
Sobre la supuesta incitación a la violencia de la que es acusado el medio de comunicación, la experta indicó que el Ministerio de Defensa y la Arcotel no han logrado probar aquello e incluso citó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el cual se aclara que fue un decreto Ejecutivo y su falta de socialización, el que provocó el paro nacional de octubre de 2019.
Resaltó que la acusación sobre incitación a la violencia debe resolverse en el ámbito civil o penal, pues de ninguna manera la Ley de Comunicación o la Constitución permite que se establezca un proceso sancionatorio contra un medio de comunicación y tampoco hay precedentes sobre el tema.
Mogrovejo detalló que los siguientes recursos que quedan son la apelación en sede administrativa, además de acudir al Tribunal Contencioso Administrativo y luego a la Corte Constitucional para que conozca el tema y valore la categoría.