El cambio de abogado del exministro Wilson Pástor motivó la postergación. El Tribunal advirtió que no se permitirán más acciones de este tipo.
Punto Noticias.- Por pedido de una de las defensas, la audiencia de apelación a la sentencia dictada contra siete personas por peculado en la adjudicación irregular de un contrato petrolero, en el marco del caso Singue, fue diferida por tercera ocasión.
La razón fue el cambio de abogado del exministro Wilson Pástor, pues Juan Pablo Albán asumió la defensa ayer en la noche y pidió a los jueces tiempo para conocer el proceso.
El Tribunal advirtió a las defensas de los procesados que no permitirán más diferimientos y que notificarán las nuevas fecha y hora para su instalación.
La diligencia estaba prevista para las 09:00 de este martes 15 de febrero en la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, el Tribunal conformado por los magistrados Luis Rivera, Felipe Córdova y Daniella Camacho no la instalaron por pedido de la defensa de uno de los procesados.
El recurso de apelación fue planteado por el exvicepresidente Jorge Glas y otros seis sentenciados. Ellos buscan que el Tribunal los declare inocentes.
Cuando ya se instale la diligencia, las defensas de los procesados expondrán al Tribunal sus argumentos para demostrar que sus clientes no cometieron el delito. Alegatos que serán también refutados por la Fiscalía.
Posteriormente, los jueces deliberarán y decidirán si ratifican o no la sentencia contra los siete procesados.
Glas, los exministros Carlos P. Y. y Wilson P., y César G. fueron condenados a ocho años de cárcel como coautores del delito de peculado.
En ese mismo fallo, Aníbal C., Gustavo D. y José B. (funcionarios de rango medio) fueron sentenciados a cuatro años en calidad de cómplices. Mientras, a los procesados Lorena E., Alfonso J., Alfredo H., René D., Julio C., Francisco S., Jorge A., y Silvana P., se les ratificó su estado de inocencia.
Según la Fiscalía, el delito de peculado se cometió al adjudicar el contrato de exploración y explotación del campo Singue, en el cual se cometieron irregularidades, incumpliendo requisitos legales.
Además, se dispusieron arbitrariamente de recursos del Estado ocasionando un perjuicio que se habría producido al fijar un precio de USD 33,5 por barril de petróleo, cifra que no tomó en cuenta el 100% de las reservas probadas del hidrocarburo para el campo Singue.
Fuente: Fiscalía y CNJ