Criticaron un Estado inflado pero cuando salí del IESS deje 19.667 trabajadores, en 2017 habían subido a 30.000 y para el año 2018 llegaron a 38 mil, ahí hay ineficiencias que se deben controlar, agregó.
Fernando Cordero, expresidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), destacó que fue el Gobierno de Rafael Correa el único que pago la deuda que tenía el Estado con esa entidad.
Recordó que desde 1998 estaba vigente una norma que cubría enfermedades catastróficas y la atención a los jubilados de los hospitales, deuda que se cerró en el 2012, cuando el exmandatario pagó todo lo que el Estado debía.
Mencionó que en esa época había fondos previsionales, es decir el capital que sobraba se lo puso a rendir ganando el 7.5% de interés, algo beneficioso para el IESS en comparación de épocas pasadas donde ese dinero se lo ponía en bolsas de valores en bancos privados ganando apenas el 1%: “Nunca el IESS dejó de cobrar, los bonos que tenía y desde el 2014 producía 700 millones por año, de eso nadie habla”.
“Cuando hicieron un estudio actuarial, mal hecho, se olvidaron de esos fondos que cobraba. ¿Cómo olvidarse de eso y crear un pánico? como ahora también lo hacen”
Por ello, aseveró, que en la última reforma de la Ley de Seguridad Social se quitó el 40% de aporte del Estado, algo que calificó como correcto pues se hablaba de que en caso de faltar capital los Gobiernos tenían la obligación de inyectar lo que haga falta, pero el régimen de Lenín Moreno incumplió no solo eso sino también el dictamen de la Corte Constitucional que le devolvió la obligación del 40%.
Con esa base, aseguró que el IESS no va a quebrar aunque reconoció que sí se necesita incorporar más personas con empleo pleno y que quien más gané, más aporte: “La situación solidaria no se debería perder”.
Respecto al Estado inflado, que ha sido criticado por algunas personas, mencionó que en el 2006 hubo 10 mil funcionarios en el IESS, para 2013 subió a 20.708 por los centros y hospitales que se construyeron, ya para 2014, en su gestión lo redujo a 19.667: “En el año 2017 había subido a 30.000 y en el año 2018 llegaron a 38 mil, ahí hay ineficiencias que se deben controlar”.