El excontralor subrogante señala que es una víctima de la confabulación penal impulsada por la fiscal general del Estado, Diana Salazar, ante sus actuaciones.
Punto Noticias.- Para el excontralor subrogante, Pablo Celi, el juicio en su contra por presunta delincuencia organizada es parte de una persecución política.
Lo dijo durante su intervención en la audiencia de juicio en su contra y de 10 personas más, que llegó este martes al día 38.
Celi fue claro al señalar que es “víctima de una confabulación penal fraudulenta” y de un “fraude premeditado, políticamente conducido”. Esa era la postura que desde el inicio su abogado Marcelo Ron replicó.
El excontralor, quien ha estado presente físicamente en las diligencias, señaló que es víctima de una confabulación penal fraudulenta impulsada por la fiscal general del Estado, Diana Salazar.
Indicó que la actuación en su contra está orientada a su proscripción como autoridad de control, a la intervención sobre la Contraloría General del Estado (CGE) y a echar abajo las decisiones que tomó como autoridad de control para ordenar el uso de los recursos públicos durante la crisis institucional del país.
Alrededor de ese argumento giró su testimonio en el que le explicó al Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), integrado por los jueces Walter Macías (ponente), Adrián Rojas y Mauricio Espinosa, aspectos relacionados con su labor como contralor subrogante.
Si bien para la Fiscalía, Celi es uno de los líderes de una red que estableció -entre 2017 y 2020- un mecanismo para a través del desvanecimiento de glosas obtener el 20% de una factura de más de USD 20′000.000 que Petroecuador debía pagar a la empresa Nolimit, él se considera inocente.
El excontralor subrogante mencionó que no debió ser uno de los acusados en este caso, pues más bien debió ser visto como una víctima porque después de su detención se observa un condicionamiento del control institucional al que se ha sometido el país.
El testimonio de Celi es parte de la estrategia de defensa de Ron, quien en cinco días evacuó la prueba testimonial y pericial propuesta (15 personas) y expuso cerca de 30 pruebas documentales, de las cuales tres fueron rechazadas por no ser presentadas oportunamente.
En este contexto, reiteró que es inocente de los hechos que se le atribuyen, los cuales para él serían solo especulaciones.
“Como Contralor del Estado actúe siempre en función a la ley expresa y al cumplimiento del debido proceso. Jamás he solicitado ningún tipo de favor, dádiva ni mucho menos beneficio económico por decisiones que deba emitir la CGE”, enfatizó.
En este sentido, y como su abogado le sugirió, el excontralor puntualizó que no tiene ningún vínculo entre el desvanecimiento de glosas y procesos en Petroecuador, así como indicó que en la Contraloría General del Estado existen procesos específicos que cumplir y que por sí solo no podía solicitar o desvanecer glosas.
De esta manera, descartó cualquier tipo de manipulación en los procesos de desvanecimiento de glosas, asegurando que la institución que dirigió está sujeta a sistemas informáticos y físicos de control documental.
Recalcó que ninguno de los procesos depende de su sola disposición y que él, se enteró de los hechos que se tratan en este expediente ya siendo procesado.
Celi, quien ha sido catalogado por la Fiscalía como uno de los cabecillas de la organización, afirmó que conoce de los hechos exclusivamente en los términos de este proceso. Incluso, calificó a su detención como un acto abusivo, ilegal y lo enmarcó en un atropello.
Para la Fiscalía como parte de la supuesta trama de corrupción, Celi recibió USD 500.000.
A pesar de que el excontralor intentó usar documentos para explicar su defensa, el Tribunal no le permitió. Situación que para él, le pareció un acto de desigualdad.
Celi y su abogado consideran que quienes actúan como testigos protegidos en este caso son los verdaderos autores de la delincuencia organizada.
Ambos se refieren al exasesor de Petroecuador, Raúl De la Torre; al empresario inmobiliario Roberto Barrera; y al accionista de la empresa Nolimit, José Luis De la Paz, todos condenados en Estados Unidos por ser parte de una trama de corrupción en Petroecuador.
Cabe recordar que este caso surgió a raíz de la detención de De la Torre y Barrera, quienes revelaron sobre la conformación de la presunta estructura.