El informe evaluó 14 casos de empresas públicas chinas, tres están al Ecuador: el proyecto Minero Mirador, San Carlos Pananza y el campo Ishpingo A.
Punto Noticias. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Cdesc) de las Naciones Unidas (ONU) emitió recomendaciones a China por la vulneración de derechos en otros países, entre ellos Ecuador, a través de sus empresas. Pide mecanismos para investigar y sancionar las actividades lesivas de sus empresas y bancos en el extranjero.
Desde el Colectivo Sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA) monitorearon a proyectos en los que están involucradas empresas chinas.
Sofía Jarrín, de Amazon Watch, señaló que decidieron consolidar el informe de 14 casos de empresas públicas chinas, tres están en Ecuador: el proyecto Minero Mirador, San Carlos Pananza y la reciente explotación del campo Ishpingo A.
“Demostramos que China incumple sus obligaciones extraterritoriales y fue positivo porque las recomendaciones que logramos canalizar al Comité fueron acogidas. China tiene que generar mecanismos de control y seguimiento a las actitudes lesivas de sus empresas y garantizar que exista acceso a la justicia”, señaló.
Proyecto Mirador
El proyecto Minero ‘Mirador’ es operado por el consorcio chino conformado por las empresas China Railway Construction Corporation Limited y Tongling Nonferrous Metals Group Holding Co. Ltd.
“Es un proyecto minero a gran escala, el más grande, dijo Jarrín, ubicado en la Cordillera del Cóndor. Denuncia Elizabet, al mencionar que el proyecto se desarrolló de forma inconsulta y ha planteado la vulneración del derecho a la vivienda y a un medio ambiente sano, entre otros, como laborales.
“Hubo desalojos forzosos y destrucción de viviendas comunitarias, así como la persecución a líderes y lideresas que se oponen”, relató.
San Carlos Pananza
El proyecto de San Carlos Pananzas es otra concesión minera, dice Jarrín, al mismo consorcio chino, aunque sea otra empresa.
Está ubicado en Morona Santiago y afecta al territorio Shuar Arutam. En 2016, recordó, hubo el desalojo forzosos de ocho familias en Nankints, que derivó en enfrentamientos, militarización y que las familias permanezcan desplazadas.
Por este caso, en 2022 la Corte Constitucional declaró que existió una vulneración al proceso de consulta previa, libre e informada del pueblo Shuar Arutam y el Estado debe entregar disculpas públicas y celebrar nuevamente un proceso de consulta.
Campo Ishpingo A
Este proyecto de extracción petrolera pertenece al bloque 43 – ITT, que está dentro de las inmediaciones del Parque Nacional Yasuní. Señaló que se encuentra en una de las parte más vulnerable del Parque Nacional. Además, dijo que pone en riesgo a los pueblos en aislamiento voluntario, como Los Tagaeri y Taromenane.
La operación de este campo inició en 2022 y está previsto que se obtengan 3 600 barriles diarios de crudo.
Recomendaciones del Comité a China
Dentro de las recomendaciones, el Comité de la ONU, contó Jarrín, consta que las empresas chinas “rindan cuentas por las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, prestando especial atención a los derechos territoriales de indígenas y campesinos y el impacto ambiental… y que se establezcan mecanismos de seguimiento y control para investigar y sancionar sus actividades lesivas”.
Además, pidió a la RPC que asegure que las víctimas de abusos tengan acceso a mecanismos de denuncia eficaces y a una reparación adecuada.
Jarrín explicó que, si bien no existe una sanción a China en caso de no acoger las recomendaciones, es muy mal visto el incumplimiento cuando se trata de posibles vulneraciones al pacto de derechos económicos, sociales y culturales.
“Dentro de la política exterior de China plantean tener el más alto liderazgo y comportamiento dentro de estos espacios por lo que esperamos que tengan acciones inmediatas”, agregó.
Rol del estado ecuatoriano
Jarrín lamentó que el Estado ecuatoriano no exija el cumplimiento de estándares de derechos humanos en los proyectos dentro de su territorio. Por lo que cree que se debería generar un plan de acción nacional de empresas y derechos humanos, para poner estándares y exigir a las empresas extranjeras su obligatorio cumplimiento.
“Existe una crisis profunda de gobernanza ambiental, de derechos humanos y (el estado) es cómplice del capital transnacional que vulnera derechos en el país”, reclamó Jarrín.
Con estas recomendaciones, esperan que la reacción de China sea mucho más favorable, que en años anteriores, y que exista un cumplimiento de las políticas que el país pueda emitir, pero que, dijo, en la práctica no se respetan.