Familiares de reos asesinados continúan fuera de la Penitenciaría del Litoral esperando información oficial, no les queda más que levantarla por su cuenta.
Esta semana, Ecuador vivió un déjà vu. Una nueva masacre carcelaria que, según cifras oficiales, hasta el momento, cobra la vida de 31 personas privadas de libertad. Los motines y matanzas, que iniciaron el 22 de julio, se dieron en seis cárceles.
Así, empezaron en la Penitenciaría del Litoral, el centro carcelario más poblado del país. Continuaron en Azuay, Cotopaxi, Cañar, Napo y el Oro. Además, los reos detuvieron a 137 guías penitenciarios y algunos se declararon en huelga de hambre.
Las violentas jornadas no se quedaron en los centros de detención. El 25 de julio, también se dieron en las calles de Guayaquil, durante sus fiestas, y en Esmeraldas, en donde hubo autos y buses incendiados, ataques a bala y saqueos.
A pesar de estar recluido en la Cárcel regional, donde no se permite el uso de celulares ni la presencia de armas, El líder de Los Choneros, Adolfo Masías, alias Fito, publicó un video, en el que aparece junto a un oficial de la Policía y a cuatro reos portando armas. Propuso una tregua a las otras bandas, para que se terminen las vacunas, secuestros, extorsiones y muertes violentas.
A través de otro video, Fito recibió respuesta positiva por parte del líder de los Chone killers, Antonio Camacho, alias ben 10. Sin embargo, este intento de pacto entre bandas para pacificar la situación fue rechazado por Lasso, quien enfatizó que su gobierno no negocia ni negociará con delincuentes.
Como en cada masacre carcelaria, la cifra de fallecidos muestra inconsistencias. Los familiares lloran y esperan respuestas fuera de la Penitencia.
El representante del Comité Permanente de Defensa de Derechos Humanos, Fernando Bastías, asegura que aún no hay un listado oficial con los nombres de las víctimas mortales. Desde el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) les informaron que deben esperar hasta que la Policía realice los exámenes para identificar a los asesinados.
El Estado, lo único que al parecer les brinda es abandono. Por eso, a los familiares de reos no les queda más que compartir información entre ellos, socializar la información que los mismos privados de libertad les envían desde dentro de la cárcel.
El representante del Comité asegura que los casos son graves, ya que las muertes no son únicamente provocadas por las masacres sino también como resultado de la intervención desproporcionada de la Policía al realizar los operativos.
Dentro de las cárceles aún hay heridos, los familiares piden que por lo menos se los atiendan, caso contrario la cifra de muertos solo aumentará.
A Bastías le queda la duda: el Estado está permitiendo los enfrentamientos, ya que los hechos se iniciaron el sábado 22 al mediodía y las autoridades habrían ingresado a intentar contener la violencia el lunes 24 de julio, en la noche.
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