A su criterio, Fiscalía debe abrir un proceso penal y sancionar a Christian Cruz, por beneficiarse de un derecho que no le corresponde.
Punto Noticias. María Fernanda Rivadeneira, consejera del Consejo de Participación Ciudadana, celebró que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) haya aceptado a trámite el juicio político en contra del presidente del CPCCS, Christian Cruz.
Pero, para Rivadeneira, no solo debe iniciarse un proceso de fiscalización política, sino que la Fiscalía tiene que instaurar procesos penales, para sancionar a Cruz por lo que considera actos atroces, irregulares, como beneficiarse de un derecho que no le corresponde, porque no tiene discapacidad visual-auditiva del 81 %, como sostiene el funcionario.
Espera, la consejera, que la Legislatura no solo remueva del cargo de presidente a Cruz, sino que lo inhabilite para ser consejero del Consejo de Participación Ciudadana, porque, a su criterio, carece de probidad notoria.
“No puede beneficiarse así, a la ligera, de un derecho que no le corresponde y hacer como si nada ha pasado. No puede una persona turbia, con una hoja de vida turbia, oscura, ser parte integrante de la Función de Transparencia y Control Social”, reclamó.
A la interrogante de cómo no se dieron cuenta de la calaña de Cruz, antes de elegirle presidente, Rivadeneira señaló que al Consejo Nacional Electoral le correspondía aquello, porque cada uno de los consejeros, antes de llegar al CPCCS, pasaron por un proceso de revisión de las carpetas.
La consejera dice que pensaban que Cruz, como sostuvo el CNE, tenía una hoja de vida que cumplía con los requisitos establecidos para ser integrante del organismo.
Contó que cuando se enteró de los hechos (la obtención del carné de discapacidad por parte de Cruz), el 2 de julio del presente año, notificó a todos los organismos competentes, entre ellos al CNE, que le remitió el expediente del consejero, en el que consta que, en el año 2009, había sido sancionado administrativamente, por la credencial de discapacidad.