Advirtieron que está en riesgo el derecho de las personas a la participación.
Punto Noticias. Los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) propusieron, en la Asamblea Nacional, que su facultad de designación de autoridades de control no sea retirada totalmente, sino que la designación se la realice en conjunto con el Legislativo.
En el marco del trámite del proyecto de reforma parcial a la Constitución, presentado por el Comité por la Institucionalidad Democrática, la Comisión Ocasional de Enmiendas de la Legislatura recibió al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Christian Cruz, y a los vocales del organismo.
A decir de Cruz, el interés de los consejeros es potenciar el ejercicio de la participación ciudadana, para controlar y combatir la corrupción. advirtió que la eliminación del Consejo implica poner en riesgo los derechos constitucionales de participación, que sería un grave retroceso democrático.
La consejera María Fernanda Rivadeneira alertó que la propuesta del Comité por la Institucionalidad Democrática no ha determinado cómo se garantizará el derecho a la participación ciudadana, control social y lucha contra la corrupción.
Sobre la designación de autoridades de control, planteó que se debería realizar de manera conjunta entre el Consejo y la Asamblea Nacional. La primera institución se encargará de realizar el concurso de méritos y oposición y enviará un listado de los 10 mejores puntuados a la Asamblea; mientras, el organismo legislativo será quien los elija. En su opinión, es necesaria una reestructura del Consejo de Participación, así como reformar su ley.
La consejera Graciela Estupiñán destacó que los derechos de participación ciudadana están consagrados en la Constitución, por lo que el deber de la institución a la que pertenece es garantizar que estos se cumplan. Manifestó que la independencia política y administrativa permitirá combatir la corrupción. Consideró que la propuesta del Comité por la Institucionalidad Democrática no proporciona alternativas para garantizar el derecho a la participación ciudadana.
El consejero Francisco Bravo dijo que es importante asegurar la elección de autoridades de control, libre e independiente, para luchar contra la corrupción, para lo cual es importante no caer en los errores del pasado.
Sofía Almeida insistió en que ejercer la democracia participativa es una garantía contemplada en la Constitución. Pidió más empoderamiento ciudadano para denunciar actos de corrupción. Declaró que respetará la voluntad popular, si se pronuncia a favor de la eliminación del Consejo.
El vocal Juan Javier Dávalos mencionó que eliminar al Consejo no es el camino para mejorar los mecanismos de selección de autoridades de control. Cuestionó que se pretenda realizar una consulta popular que responde a intereses particulares de un grupo. Anunció que enviará, a la mesa parlamentaria, una lista de organizaciones sociales y juristas para que aporten con diversos enfoques sobre la importancia de mantener a dicha institución.
David Rosero, otro vocal de la institución, habló del fortalecimiento de organizaciones sociales, creación de escuelas de liderazgo, procesos de formación de participación ciudadana a escala nacional, entre otros aspectos.
Aseguró que se han realizado investigaciones y entregado informes a la Fiscalía, sobre actos de corrupción, como sobreprecio en la Refinería de Esmeraldas, irregularidades en el Comité de la Reconstrucción, sobreprecios en insumos médicos y más. Apuntó que están abiertos a dialogar con el Legislativo para mejorar el proceso de designación de autoridades.
Fuente: Asamblea Nacional.