La entidad está a cargo del control disciplinario.
Punto Noticias.- Un total de 76 judiciales han sido destituidos de sus cargos por el actual Consejo de la Judicatura (CJ) que fue constituido el 23 de enero de 2019.
Según datos oficiales de la Judicatura, el mayor número de funcionarios sancionados con la destitución corresponde a los jueces, con 32. De ellos, 2 eran magistrados de la Corte Nacional de Justicia. En cuanto a fiscales, llegan a 10 y hay 5 defensores públicos en la lista. El resto son: 1 notario, 8 ayudantes judiciales, 2 asistentes legales, 2 asistentes de fiscalía, 1 secretario de fiscalía, 9 secretarios judiciales, 4 técnicos y 2 coordinadores.
De los 76 funcionarios destituidos, 29 son por manifiesta negligencia. Nueve jueces por error inexcusable, 13 funcionarios por abandono de trabajo, mientras que el resto, por diversas infracciones. Todas, tipificadas en el artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial.
La última destitución la ejecutó el CJ, el pasado 12 de diciembre, cuando en sesión ordinaria el Pleno del organismo resolvió separar al juez multicompetente de Santa Ana (Manabí), Manuel Ruiz Moreira. La decisión fue adoptada como parte de un sumario disciplinario iniciado el 22 de agosto de 2019 por haber incurrido en “manifiesta negligencia”.
La destitución se produjo el mismo día en que el juez dispuso que Rosa Chalá, exvicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), sea restituida en su cargo.
Para la abogada Matilde Quispe, la destitución de jueces y fiscales perjudica al sistema judicial porque atrasa la administración de justicia. Sin embargo, considera que si hay un acto de corrupción comprobado se justifica la sanción.
El Consejo de la Judicatura basa su accionar en el Plan Estratégico de la Función Judicial 2019-2025, cuyo primer eje es la lucha contra la corrupción y, para cumplirlo, ha solicitado apoyo a diversas instancias del Estado, particularmente a la Contraloría General del Estado.
En declaraciones a los medios de comunicación, la presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado, ha señalado que “son implacables con el control disciplinario”.
En este sentido, acotó que la misión de la entidad es depurar a magistrados, fiscales, defensores públicos y notarios que no cumplan con lo establecido en la Constitución y las leyes.
Según la normativa vigente, el sistema disciplinario tiene varios filtros. Los sumarios administrativos se inician con una queja de los usuarios, de funcionarios públicos o de oficio. Esta denuncia se traslada luego al judicial aludido, quien contesta y argumenta su justificación. Después, la Unidad Disciplinaria elabora un informe técnico interno que pasa por el análisis de la dirección jurídica y los asesores de los vocales del CJ. Finalmente, la denuncia se remite, si el caso lo amerita, al Pleno del organismo. El trámite dura ocho meses.
Fuente: El Telégrafo, redes sociales