En 2009 Honduras sufrió un golpe de estado que destituyó a Manuel Zelaya. El dirigente político no puede ser reelecto, porque la Constitución así lo establece. Sin embargo, el actual presidente Juan Orlando Hernández no respeta las leyes hondureñas y se presentó para continuar en el cargo. Pese a haber perdido las elecciones frente a Salvador Nasralla, el Tribunal Supremo Electoral que presiden exdiputados del partido de Hernández, lo dieron por ganador luego de tres semanas en las que se modificaron los resultados eleccionarios.
Zelaya, uno de los líderes de la Alianza de Oposición contra la Dictadura que se impuso en las elecciones del 26 de noviembre de 2017 exige que se cree una “comisión investigadora” que permita demostrar el fraude electoral.
Según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Hernández ganó los comicios con el 42,95 % de los votos, superando al izquierdista Nasralla, que alcanzó el 41,42 %.
Los opositores le reclaman la postura blanda de la OEA que afirma que los resultados electorales no son concluyentes y que hubo “un cúmulo de irregularidades”. Sin embargo varios países han felicitado a Hernández como presidente electo e incluso el FMI se mostró dispuesto a reafirmar políticas de apoyo al gobierno.
El pedido de Zelaya de una comisión investigadora se suma al reclamo masivo del pueblo hondureño que llaman a no reconocer a JOH como ganador de los comicios y piden que se repitan. Las marchas han sido duramente reprimidas y desde la oposición le piden a las fuerzas armadas que “no defiendan un fraude” y “no cumplan órdenes de matar contra quienes protestan”. Al menos 34 personas perdieron la vida en estas circunstancias.