Ante el intento de que el trabajo de la Corte sea revisado por una veeduría, quieren información inclusive de la Fiscalía General del Estado y del juez de Montecristi, Leiver Quimis Sornoza.
La noche del martes 4 de septiembre, la Secretaría Técnica Jurisdiccional de la Corte Constitucional requirió información a la Fiscalía General del Estado, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y al juez de Montecristi, Leiver Quimis Sornoza.
En este sentido, la Corte Constitucional busca que le respondan, en máximo 24 horas, sobre el dictamen interpretativo 2-19-IC/19, del 7 de mayo del 2019, en torno al Régimen de transición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ese dictamen impide que el Cpccs definitivo revise las decisiones del Transitorio.
Esto en medio de la posibilidad de que se conforme una veeduría para diagnostique y también evalúe la designación de la Corte Constitucional en funciones.
¿Por qué se abrió la posibilidad de formar una veeduría?
El juez Leiver Quimis Sornoza, en sentencia del 29 de agosto de 2023, en el proceso de acción de protección 13U05 2023 02325, resolvió admitir el pedido presentado por Betty Moreira en contra del Cpccs.
Así, se les pidió conformar la veeduría ciudadana para diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas de cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional, realizada por el Consejo.
En febrero del 2018 se desarrolló la consulta popular, que permitió que se reestructure el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Desde septiembre del 2018, la Corte estuvo en vacancia, para una evaluación. Y posteriormente, en enero 2019, fueron nombrados los nuevos integrantes.
Esa Corte Constitucional ha permitido avances en materia de derechos al dar paso al aborto por violación, matrimonio civil igualitario, también ha negado la posibilidad de que la explotación petrolera en el Yasuní crezca.
Ayer, Alembert Vera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, señaló que existió la solicitud de una veeduría ciudadana, para revisar las actuaciones del Trujillato (Consejo de Participación Ciudadana Transitorio). «Es lamentable que, durante la administración anterior, de forma ilegal, el excoordinador jurídico decidiera no dar paso a la veeduría», indicó.
Así, «se limitó la actividad de la ciudadanía, por eso presentaron una acción de protección y en la audiencia el juez resolvió y obliga al Cpccs a que se acepte la conformación de la veeduría».
📌 En estricto derecho: Grave error jurídico del @CpccsEc o de quien lo haya decidido, intentar revisar los actos del antiguo ente transitorio y lanzarse encima de la @CorteConstEcu.
▶️ Yo tampoco estuve de acuerdo con el blindaje del Dictamen No. 2-19-IC/19 pero existe y hay…
— Mauro Andino Espinoza (@mauroandinoe) September 5, 2023
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