El Presidente Guillermo Lasso prometió, al inicio de su gestión, desclasificar la información sobre el caso NosFaltan3. Ahora, se conoce que permanecerá secreta por cinco años más.
Punto Noticias. Cinco años de impunidad. La verdad sobre Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra no se podrá conocer por otros cinco años más, según informó el actual secretario de Seguridad, Wagner Bravo, al Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación (Cordicom).
La organización “Periodistas Sin Cadenas” ha publicado dicha información, que evidencia que el Gobierno de Guillermo Lasso no desclasificará las actas del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), tal como lo prometió al inicio de su gestión.
Será todo lo contrario. En el documento enviado por Bravo, “se especifica que la información es secreta y, además, se revelan las causas por las que se la considera de esa manera. El oficio señala que las actas contienen “estrategias de defensa nacional, protocolos y demás, ante posibles amenazas contra el Estado”. Esto significa que, bajo esta categoría, el candado se mantiene por, al menos, 10 años”.
En marzo de 2023 se cumplieron cinco años desde que el equipo periodístico de El Comercio fue secuestrado y asesinado en la frontera norte. Son cinco años que familiares y amigos no han podido acceder a la verdad y a las acciones que el Gobierno de Lenín Moreno tomó en esos días. Hasta ahora, no se conocen las actuaciones de ninguna de las autoridades ecuatorianas durante el secuestro del equipo periodístico.
La Ley de Seguridad Pública y del Estado, explicó la organización, “establece que los organismos de seguridad, entre ellos el Cosepe, pueden clasificar la información que generan bajo tres categorías: reservada, secreta y secretísima”.
En un inicio, la información era reservada, por lo que deberían esperar cinco años para acceder a dichos documentos. Ahora, es clasificada como secreta y, por lo tanto, esperar 10 años antes de conocer su contenido.
El objetivo, explicó la familia, es identificar la responsabilidad que cada entidad y funcionario tuvo en el tratamiento del secuestro de Paúl, Javier y Efraín.