El procurador señaló que este arbitraje no incide en el proceso penal por peculado dentro del caso Singue. Además, en el caso de que se ratifica el pago, iniciarán el proceso de repetición.
Punto Noticias. Este jueves 9 de junio de 2022 el procurador General del Estado, Íñigo Salvador, brindó información sobre la nueva pérdida del Estado ante un arbitraje internacional. En este caso, destacó que el trabajo fue reducir el monto de pago por daños y reparaciones a la empresa Gnete Oil.
El procurador destacó que Ecuador no pagará los $91,9 millones que había solicitado la empresa en un inicio, lo que sí va a pagar es más de $11 millones por haber incumplido un contrato petrolero en el campo Singue.
El tribunal del arbitraje con sede en Chile confirmó que la actuación del Ecuador violó el Contrato de Prestación de Servicios para la Exploración y/o Explotación de Hidrocarburos en el Bloque Singue de la Región Amazónica Ecuatoriana suscripto con Gente Oil.
El procurador relató la cronología del caso, que inició en abril de 2012, cuando se suscribe el contrato con el consorcio integrado por Dygoil y Gente Oil. En 2013 se autoriza la transferencia del contrato únicamente a la empresa Gente Oil. Cuatro años después, el 1 de agosto 2017, la Contraloría General del Estado emitió un informe con indicios de responsabilidad penal. Al día siguiente, la Fiscalía inició la investigación previa por presunto peculado.
Sobre el informe de la Contraloría, el tribunal arbitral señaló que los fundamentos de la recomendación de la Contraloría en el informe para reducir la Tarifa están “erradamente analizados y contrarios al equilibrio económico del Contrato”.
Finalmente, en enero de 2021, la justicia ecuatoriana dicta ocho años de prisión en contra de 7 de los 15 procesados. La Procuraduría presentó una acusación particular en este caso contra 11 personas.
El laudo arbitral menciona que en esta acusación la Procuraduría “distorsionó los términos del Contrato y el cálculo de los supuestos daños sufridos por el Estado”.
Ahora, la Procuraduría presentará una acción de anulación del laudo arbitral. “Si es que al final del proceso, el laudo establece responsabilidades del Estado y tengamos que pagar, la Procuraduría iniciará acciones de repetición contra funcionarios públicos que dieron lugar a los incumplimientos del contrato”, afirmó Salvador.
Además, subrayó que el arbitraje internacional no incide en el proceso penal. “No hay forma de que automáticamente esos dos procesos tengan conexión. En el caso del arbitraje, son dos personas jurídicas: Gente Oil y el Estado ecuatoriano, mientras que en el caso penal es el Estado ecuatoriano contra personas naturales, entre ellas, Jorge Glas, Yanuzzelli, Pástor y otros”, afirmó.