Editorial de Radio Pichincha
El Consejo de Seguridad Pública y del Estado ha dado una respuesta a la grave situación de inseguridad del Ecuador, a pocos días de que don Guillermo cumpla dos años en el cargo. No hay que olvidar que, en el mismo día de la posesión, el 24 de mayo de 2021, hubo una reunión reservada y luego se supo que le siguieron ocho reuniones más para abordar el mismo tema.
De esas reuniones, supuestamente, salió un plan que se mantuvo en reserva. Jamás se evidenció una estrategia clara y efectiva. Y entonces ahora, con la llegada de los exgenerales Paco Moncayo y Wagner Bravo, al equipo presidencial se convoca de nuevo y las resoluciones al mismo tiempo que pueden alumbrar alguna esperanza, en la práctica, nos dejan con el mal sabor de que esas declaraciones no vienen acompañadas de hechos concretos.
Y de paso, parecería que a los exgenerales les interesa más hablar con los medios, desembrollar una retórica un poco ortodoxa antes que actuar y mostrar resultados. Por cierto, en ninguna parte del mundo los estrategas de seguridad hablan sin tener previamente un diagnóstico. ¿Pero hoy los papeles se invierten?: ¿primero hablan, luego actúan y después renuncian?
Pero para ir por partes hay dos elementos llamativos de las resoluciones que merecen una reflexión más sostenida, no por lo escrito sino por lo que eso implica para comprometer al país a una verdadera lucha contra la delincuencia.
Primero: “Declarar al terrorismo como amenaza contra los elementos estructurales del Estado”, suena bien, duro, un poco alarmista, pero en la práctica no queda claro el significado y el sentido mismo. Y si es así, con un verdadero diagnóstico del problema, se entiende que hay capacidad para responder en esa misma intensidad, pero cuando vemos autos dañados, personal mal preparado en la Policía y una precaria inteligencia sobre lo que hacen los “adversarios” no nos genera mucha ilusión.
Segundo: Pedirle al Presidente que firme un decreto para el uso de armas letales y medidas coercitivas “urgentes y eficaces” por sí mismo suena bien, pero también habría que pensar si eso no es lo que ya se debió hacer, dentro de la legalidad y las atribuciones constitucionales, desde hace dos años si hubo ocho reuniones reservadas del Consejo de Seguridad. ¿Hizo falta una reunión de esa altura para algo que ya es obligación de la Policía y de la Fuerza Pública en general?
No estaría demás pedir a las más altas autoridades una mayor solvencia retórica y operativa para un tema delicado como es la grave inseguridad. En otras palabras: más acciones y menos palabras. PUNTO