“Fedexpor debió solicitar la expulsión de este tipo de afiliados”, remarcó
Punto Noticias. El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, rechazó que la Federación Ecuatoriana de Exportadores (FEDEXPOR), a través de una carta de abril de 2019, haya pedido “protección al Estado” para la empresa Furukawa, que fue denunciada por extrabajadores por un caso de esclavitud moderna.
En febrero de este año, un reportaje periodístico reveló el incumplimiento de derechos y precarización laboral en las plantaciones de abacá de la empresa Furukawa. Días después, el Ministerio de Trabajo anunció la clausura de esta empresa. Un informe de la Defensoría detalló que las condiciones de vida dentro de esas haciendas son de extrema pobreza e indignas, provocadas por la informalidad laboral, la falta de servicios básicos y el analfabetismo.
En una carta, dirigida al ministro de Trabajador, Andrés Madero; la ministra del Interior, María Paula Romo; y al entonces ministro de Producción, Pablo Campana, FEDEXPOR manifestó “su profunda preocupación en este particular, debido al nefasto precedente que podría significar para la agroindustria de exportación y la seguridad jurídica para el crecimiento del empleo y la inversión en nuestro país”.
https://twitter.com/freddcarrion/status/1154737970236284929?s=20
A través de su cuenta de Twitter, el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, rechazó esta misiva. “Fedexpor debió solicitar la expulsión de este tipo de afiliados y no pedir protección al Estado. Es lamentable la posición de este gremio. Nadie puede estar sobre la ley ni vulnerar los DDHH. Sepan que la Defensoría del Pueblo estará defendiendo los DD.HH de gremios como este”, publicó.
En la carta, Fedexpor pide a los ministros que se agoten todos los diálogos posibles en este caso. “Estamos seguros de que actuando en estricto apego a la normativa, actuando en beneficio del país y su institucionalidad, lejos de cualquier presión mediática, se podrá evitar generar un precedente que podría afectar a gran parte de la agroindustria exportadora de la zona y el país”.
En la sanción a la empresa, se aplicaron penalidades y multas por $ 177.840 y dos órdenes de clausura por 60 días, medida levantada a los 90 días, una vez que la empresa presentó un plan de trabajo, seguridad y salud.
Fuente: Twitter, El Comercio