Barcelona encabeza un reclamo de más de 140 ciudades europeas que exigen a la Unión Europea que le ponga fin a las medidas de austeridad y que aumente la inversión social.
“Cambiar el modelo económico para entender el coste de las políticas sociales y los servicios sociales como una inversión y no como un gasto. Las políticas económicas (fiscales y presupuestarias) tendrían que apoyar las políticas sociales, sustituyendo los programas de austeridad por medidas de inversión social”, afirma el Foro de Asuntos Sociales de la red Eurocities en un nuevo pronunciamiento al que llamaron “derechos sociales para todos” en el que piden que la inversión asociada al Pilar Europeo de Derechos Sociales se canalice a través de los gobiernos locales.
El encuentro de ciudades tuvo lugar en Gotemburgo, Suecia y viene trabajando desde 1989 en el intercambio de experiencias entre alcaldes y consensuar planteamientos como el de los derechos sociales. Hace un año que lo preside Barcelona y todavía le queda un año más de mandato, lo que dota al organismo de un perfil muy concreto en este momento.
“La cohesión social se ha ignorado durante demasiado tiempo a nivel de la Unión Europea en detrimento del crecimiento económico. Ahora es el momento de actuar. Menos palabras y más coherencia entre la economía y los derechos sociales”, ha destacado la teniente alcalde de Derechos Sociales de Barcelona, Laia Ortiz, como presidenta del Foro de Asuntos Sociales de la red Eurocities.
“Creemos que una Europa más fuerte es posible sólo si situamos la ciudadanía en el centro”, insisten las 140 ciudades, para luego agregar que “es más urgente que nunca, atender la pobreza y la desigualdad crecientes en todo las ciudades de Europa, y que están poniendo nuestro modelo social en riesgo”.
La red Eurocities también recomendó a la Unión Europea que adopte el derecho a una vivienda accesible para todo el mundo, ya que las ciudades enfrentan una grave crisis en el acceso a la vivienda. “La legislación actual del mercado inmobiliario considera la vivienda como un bien especulativo, que agrava la exclusión residencial a nuestras ciudades”, asegura el documento, y es por esta razón que si no se cambian las leyes “el acceso a una vivienda asequible seguirá siendo un problema que incrementará el riesgo de pobreza, exclusión y sin techo”.
“Estamos preparados para liderar el camino hacia una Europa socialmente más fuerte, pero necesitamos ayuda para hacerlo. Somos el nivel de gobierno más cercano a la población y podemos implicar la ciudadanía en el debate sobre el futuro de Europa. Trabajaremos para construir una Unión Europea más cercana a las personas y, también, para situar a las personas y sus preocupaciones en el centro de la agenda de la Unión Europea”, concluye el texto acordado.