La Fiscalía investiga presuntos delitos de peculado y lavado de activos
Punto Noticias.- Como medidas sustitutivas a la prisión preventiva, el juez de la Unidad de Flagrancia, David Lasso, ordenó arresto domiciliario y la prohibición de ausentarse del país en contra de la exfuncionaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), María Sol L.
La resolución la adoptó, después de que la Fiscalía presentó cerca de 20 elementos de convicción por el presunto delito de peculado que habría cometido la procesada en la adquisición irregular de medicamentos.
La madrugada de este sábado 30 de noviembre, la exfuncionaria fue detenida con fines investigativos apenas salía de la cárcel de Ambato para ser trasladada a una audiencia en Quito.
Una denuncia de la Secretaría Anticorrupción fue determinante para que se abra un nuevo caso en contra de María Sol L.
Según las investigaciones, en septiembre de 2012, la Presidencia del Directorio del Seguro Social autorizó la importación de 90 tipos de fármacos, con un presupuesto de USD 42,2 millones. Entonces 12 empresas hicieron llegar oficialmente sus propuestas. Sin embargo, los contratos por aproximadamente USD 6,5 millones fueron adjudicados a compañías con datos adulterados. En la comisión técnica que aprobó esta contratación habría participado la exfuncionaria del IESS.
Por otra parte, la Fiscalía informó que este lunes 2 de diciembre, tiene previsto presentar cargos por el presunto delito de lavado de activos en contra de María Sol L.
La acción de la Fiscalía obedece a que el pasado viernes 29 de noviembre, el Tribunal de la Sala de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua, conformado por los jueces Edwin Quinga Ramón, Paúl Ocaña Soria y Ricardo Araujo, aceptó el recurso de habeas corpus presentado por la exfuncionaria y le otorgó la libertad.
María Sol L. cumplía sus cuatro condenas en la cárcel de Ambato, una vez que reconoció su participación en varios delitos. La exfuncionaria ya pagó las tres primeras, al estar dos años y tres meses en prisión y este viernes 29 de noviembre cumplía la última.
La decisión adoptada por el Tribunal de Tungurahua fue cuestionada por la Fiscalía que consideró que ese recurso no debió aceptarse.
Fuente: Fiscalía, Revista Vistazo, El Comercio, redes sociales