“Consagramos la gratuidad de la educación, un derecho social que nunca debió estar en manos del mercado”, manifestó la presidenta chilena Michelle Bachelet, luego de que la Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Educación Superior.
La nueva ley regula el financiamiento de la gratuidad, además de crear un sistema de educación superior que estará integrado por un conjunto de organismos, instituciones educacionales y servicios públicos con competencia en este ámbito; fijando las tareas y procedimientos de la Superintendencia de Educación y establece la acreditación obligatoria.
También ayer se aprobó el Proyecto de Ley sobre Universidades del Estado, que podrá ser votado para su implementación.
Bachelet celebró estas aprobaciones y publicó en redes sociales “al avanzar en la gratuidad en la educación superior, queremos construir un país más equitativo con igualdad de oportunidades”.
La ministra de Educación, Adriana Delpiano, también festejó la resolución del Parlamento y aseguró que “Chile hoy es mejor que ayer”. Y explicó que “Contar con una ley de educación superior que da garantía que podrán estudiar en instituciones acreditadas y la calidad será lo que irá importando”. Una de las máximas cuentas pendientes que mantenía la Concertación, actual Nueva Mayoría, con sus electores, era una reforma educativa que contemplara la gratuidad. Estas nuevas reglamentaciones, si bien muy lejos de lo que el pueblo chileno necesita, acerca esa posibilidad y abre un nuevo resquicio de discusión, pensando en la llegada de un gobierno ultraliberal, encabezado por Sebastián Piñera y que tendrá una agenda contraria a este derecho universal.
La reforma propuesta por Diputados, de todos modos, deberá sortear las mociones de constitucionalidad del partido de Piñera y ser legalizadas por el Tribunal Constitucional. Nada es fácil en la burocracia pinochetista chilena.