Según el estudio del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central, la deuda de estos grupos llega a USD 354 millones y lo que se podría recibir con esta normativa serían USD 11,2 millones.
El Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador (IIE) realizó un estudio sobre los ingresos que podría recibir el Estado con las nuevas reformas tributarias que se estipulan en el proyecto económico enviado por el Gobierno, Ley Creando Oportunidades, y evidenció que, si el Fisco cobra las obligaciones a sus 13 principales deudores, podría percibir 32 veces más de lo proyectado en esta normativa.
En el Proyecto Económico Urgente que fue enviado este viernes por el Ejecutivo se propone que las empresas con un patrimonio superior a un USD 1 millón aporten entre el 0,60% y 0,70% de esta cantidad. Si se toma como referencia el ranking de los 500 deudores elaborado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) lo que se podría recibir como aporte con la “Ley Creando Oportunidades” llegaría a USD 11.2 millones, pero, si se cobra las deudas impugnadas de los 13 principales deudores de esta lista, el Estado podría recibir USD 354 millones, lo que representa 32 veces más recursos de lo proyectado.
Incluso la estimación de USD 11,2 millones podría ser menor, ya que entre los requisitos para ser sujetos de aportación en esta nueva Ley constan que “La sociedad haya generado utilidad gravable en el ejercicio económico 2020; y que las ventas de la sociedad en el ejercicio económico 2020 hayan sido superiores a las ventas realizadas en el ejercicio económico 2019”.
De igual forma, en el estudio se muestra que la deuda total de las empresas con el Estado asciende a USD 3.163 millones: USD 1.688 millones de obligaciones en firme y USD 1.475 millones en deuda impugnada.
Para concluir, Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador considera que esta nueva normativa enviada por el Ejecutivo beneficiaría a “los deudores tributarios al exigir un pago al patrimonio, en lugar de exigir el pago con la normativa vigente”.
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Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador