Punto Noticias.- A través de un comunicado oficial emitido este domingo 24 de febrero, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, rechazó el uso de la fuerza y «la acción de grupos paramilitares contra manifestantes pacíficos» en Venezuela.
En el escrito se señala que de acuerdo con “información independientemente corroborada da cuenta de las apremiantes necesidades de buena parte de la población venezolana en medicinas y alimentación”.
Para el Gobierno ecuatoriano, las carencias y conflictividad en Venezuela exigen una solución política inmediata.
COMUNICADO:
La convicción de Ecuador sobre la urgencia de alcanzar una solución política, pacífica y democrática a la crisis de Venezuela se ha visto confirmada, muy a pesar de todos, por los hechos de violencia que se vivieron ayer, cuando envíos de ayuda humanitaria fueron bloqueados por la insistencia del régimen venezolano en que dicha ayuda no es necesaria.
Ecuador rechaza de plano el uso de la fuerza pública y la acción de grupos paramilitares contra manifestantes pacíficos, y las muertes y heridas sufridas por algunos de ellos, como fue el caso de venezolanos de la comunidad Pemón.
Información independientemente corroborada da cuenta de las apremiantes necesidades de buena parte de la población venezolana en medicinas y alimentación, y de los sufrimientos fruto de la crisis económica e institucional que han llevado a más de 3 millones a migrar a otras naciones.
La entrega de bienes esenciales a la población no se debe impedir con bloqueos o actos de fuerza contra quienes quieren facilitarla; antes bien, es necesario buscar canales de coordinación que la propicien, al margen de consideraciones que no sean estrictamente humanitarias.
Las carencias y conflictividad en Venezuela exigen una solución política inmediata a fin de evitar adicionales efectos negativos en su población y en la región. Se requieren urgentes entendimientos para dar paso a elecciones libres, sin exclusiones de ningún tipo, transparentes, con garantías de neutralidad de autoridades de transición y con observación internacional, en el marco de la ley venezolana.
Solo la legitimidad democrática garantizará la futura estabilidad institucional del país y la tarea de recuperación de la economía y orden social, que compete exclusivamente a los venezolanos y que requerirá el apoyo solidario de la comunidad internacional.