Un abogado explicó que la fiscal Salazar es dueña de la acción penal y por tanto puede considerar que la Judicatura se está arrogando funciones e iniciar un proceso penal contra sus vocales.
Pedro Cornejo, abogado especialista en derecho parlamentario y gestión pública, aclaró que todas las autoridades del Estado están sujetas a un control ciudadano como lo establece la Constitución. Por tanto el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) sí puede iniciar una investigación respecto a las denuncias contra la fiscal Diana Salazar.
“En algún momento se cuestionó por qué el Cpccs se descuidó de la promoción de la participación ciudadana. Ahora que lo hace es criticado”.
Si bien, Pedro Cornejo subrayó que el Consejo de Participación Ciudadana es un ente de designación y no de destitución, indicó que las indagaciones que se hagan sobre el supuesto plagio de tesis de Salazar, pueden servir para levantar informes con indicios de responsabilidad.
“Con los informes del Cpccs no pueden remover a la Fiscal porque es un órgano de designación, pero sí se pueden direccionar a las instituciones correspondientes para que inicien las acciones pertinentes”.
También Cornejo puntualizó que aunque la Corte Constitucional blindó las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, de Julio César Trujillo, eso no significa que no se pueda fiscalizar a las autoridades. Ni tampoco que la fiscal Diana Salazar esté exenta de responsabilidades políticas.
Además, Cornejo recordó que la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece como sanción administrativa gravísima el entregar documentación falsa, en el caso de Salazar, esto se establecería en la investigación del Cpccs y en el análisis que realice la comisión académica de la Universidad Central.
Sin embargo, el abogado Cornejo mencionó que la única institución con posibilidad de sancionar es la Asamblea Nacional, la cual fue disuelta por decreto de muerte cruzada. De ahí que se deberá esperar a las elecciones transitorias de agosto próximo y la posesión del nuevo parlamento para ver si se retoma el tema, tomando en cuenta que a Salazar le queda un año en gestión y tal vez el tiempo no alcance.
Respecto a la actuación del Consejo de la Judicatura, Cornejo consideró que se trata de una puga de poderes, pues la fiscal Salazar inició acciones legales contra algunos de sus vocales, generando una fricción.
“De alguna manera la Judicatura quiso arremeter contra la Fiscal diciendo que puede iniciar procesos disciplinarios”.
Aseveró que la fiscal Salazar es dueña de la acción penal y por tanto puede considerar que el Consejo se está arrogando funciones e iniciar un proceso judicial: “Eso podría acarrear que sean detenidos y removidos”.