El Pontífice tuvo un encuentro con juristas del Vaticano.
En un discurso a miembros de la Asociación Internacional de Derecho Penal, a los que recibió hoy en el Vaticano, el Papa dio su punto de vista sobre el «estado actual» de la materia y se enfocó en los «abusos del poder punitivo».
«En nuestro encuentro anterior señalé con preocupación el uso arbitrario de la prisión preventiva. Lamentablemente, en los años transcurridos desde entonces, la situación se ha agravado en algunos países y regiones donde el número de detenidos sin condena ya supera ampliamente el cincuenta por ciento de la población carcelaria», expresó el Papa durante esta reunión.
«Este fenómeno contribuye al deterioro de las condiciones de detención y es causa de un uso indebido de destacamentos de policía y militares para esos fines», clamó el Papa Francisco, en una reunión en el que estuvo presente, como único argentino, el jurista Roberto Carlés.
«El encarcelamiento preventivo, cuando es impuesto sin que se verifiquen las circunstancias excepcionales que lo habilitan, o por un período excesivo, vulnera la presunción de inocencia y el principio según el cual todo imputado debe ser tratado como inocente hasta que una condena firme establezca su culpabilidad», dijo luego.
Francisco ofreció un punto al denominado «lawfare» y postuló que «se verifica periódicamente que se ha recurrido a imputaciones falsas contra dirigentes políticos, promovidas concertadamente por medios de comunicación, adversarios y órganos judiciales colonizados».
«De este modo, con las herramientas propias del lawfare, se instrumentaliza la siempre necesaria lucha contra la corrupción con el único fin de combatir gobiernos que no son del agrado, retacear derechos sociales y promover un sentimiento de antipolítica del que solo se benefician quienes aspiran a ejercer liderazgos autoritarios», denunció.
Como caso opuesto, según el Papa, «es curioso que la utilización de paraísos fiscales, instrumento al que se recurre para encubrir toda clase de delitos, no sea percibida como un hecho de corrupción y de criminalidad organizada».
«En forma análoga, fenómenos masivos de captación de fondos públicos pasan desapercibidos o son minimizados como si se tratara de meros conflictos de interés. Los invito a todos a reflexionar al respecto», dijo.
En este sentido, el Sumo Pontífice encuadró su discurso considerando que «el capital financiero global es responsable no solo de graves delitos contra la propiedad sino también de delitos contra las personas y el ambiente».
«Se trata de una auténtica criminalidad organizada que es responsable, entre otras cosas, del sobreendeudamiento de los estados soberanos y de la depredación de los recursos naturales de nuestro planeta», manifestó.
De cara a los participantes en el XX Congreso de la Asociación, Francisco agregó que «un elemental sentido de justicia impone que algunas conductas, de las que habitualmente son responsables las corporaciones, no queden impunes».
«En particular, todas aquellas que pueden ser consideradas como ecocidas: la contaminación masiva del aire, de los recursos de la tierra y del agua, la destrucción a gran escala de la flora y la fauna y toda acción con el potencial de causar un desastre ecológico o destruir un ecosistema», les pidió.
Según el pontífice, «por ecocidio debe entenderse la pérdida, daño o destrucción de ecosistemas de un territorio determinado, de modo que su goce por parte de sus habitantes haya sido o pueda verse severamente menoscabado», por lo que «se trata de una quinta categoría de crímenes contra la paz que debería ser reconocida como tal por la comunidad internacional», finalizó.
El mercado fue «divinizado» y hoy «algunos sectores económicos ejercen más poder que los propios Estados», dijo el papa Francisco.
«El principio de maximización del beneficio, aislado de toda otra consideración, lleva a un modelo de exclusión» y «lo primero que deberían preguntarse los juristas hoy es qué poder hacer con su saber para contrastar este fenómeno, que pone en riesgo las instituciones democráticas y el propio desarrollo de la humanidad», explicó el Santo Padre.
Francisco se refirió al contexto de varios países, en donde «se reformó el instituto de la legítima defensa y se pretendió justificar crímenes cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad como formas legítimas de cumplimiento del deber».
Además, indicó, evitar que «la demagogia punitiva degenere en incentivo a la violencia o uso desproporcionado de la fuerza. Son conductas inadmisibles en un Estado de derecho y en general acompañan a los prejuicios racistas o el desprecio hacia las franjas sociales de marginación».
El Papa Francisco conmemoró a los penalistas el «desafío» de «contener la irracionalidad punitiva, que se manifiesta entre otros en reclusiones masivas, sobrepoblación y torturas en las prisiones, arbitrio y abusos de las fuerzas de seguridad», la «criminalización de la protesta social, el abuso de la prisión preventiva y el repudio a las más elementales garantías penales o procesales».
La situación se agravó en naciones y regiones -dijo- «donde el número de detenidos sin condena ya supera ampliamente al 50% de la población carcelaria. Este fenómeno contribuye al deterioro de las condiciones de detención y es causa de un uso ilícito de las fuerzas de policía y militares para estos fines».
En el encuentro con los penalistas Francisco no dejó de abordar la necesidad de «vigilar» la «cultura del odio» que causa la reaparición de símbolos nazis.
Para el Sumo Sacerdote, hay que hacer un «análisis complejo» de los episodios: «No es casualidad que a veces aparezcan emblemas y acciones típicas del nazismo. Les confieso que cuando escucho algún discurso de algún responsable de gobierno me vienen a la mente los discursos de Hitler en 1934 y 1936».
«Son acciones típicas» del nazismo que «con sus persecuciones contra judíos, gitanos, personas de orientación homosexual, representa el modelo negativo por excelencia de la cultura del descarte y el odio».
Durante el encuentro el Papa advirtió también sobre el riesgo de falsas imputaciones de corrupción en el marco político.
«Se verifica periódicamente el recurso a falsas imputaciones contra dirigentes políticos, planteadas en conjunto por medios de comunicación, adversarios y órganos judiciales colonizados», explicó.
«De este modo, con los instrumentos propios de la legalidad, se instrumentaliza la lucha, siempre necesaria, contra la corrupción, con el fin de combatir gobiernos no gratos, reducir los derechos sociales y promover un sentimiento de antipolítica del que se benefician quienes aspiran a ejercer un poder autoritario», agregó.
«Al mismo tiempo es curioso que el recurso a paraísos fiscales, sistema que sirve para ocultar toda clase de delitos, no se perciba como un hecho de corrupción y criminalidad organizada. Análogamente, fenómenos masivos de apropiación de fondos públicos pasan inobservados o son minimizados como si fueran meros conflictos de interés», enfatizó.
«Una de las frecuentes omisiones del derecho penal –dijo el Papa- es la escasa o nula atención que reciben los delitos de los más poderosos, en particular la macrodelincuencia de las corporaciones».
«El capital financiero global está en el origen de graves delitos, no solo contra la propiedad sino contra las personas y el ambiente. Se trata de criminalidad organizada responsable, entre otras cosas, del sobreendeudamiento de los Estados y el saqueo a los recursos naturales de nuestro planeta», expresó.
Finalmente, el Sumo Pontífice se refirió asimismo a la posibilidad de incluir en el Catecismo de la Iglesia católica el concepto de «ecocidio», las violaciones contra el ambiente y la casa común de la humanidad. (Fuente: Ámbito.com)