El comiso de bienes y el bloqueo de cuentas bancarias son una alternativa. Pero las esposas de algunos sentenciados recomiendan tomar en cuenta la disolución de la sociedad conyugal.
Punto Noticias.- Una vez que el Tribunal de Ejecución de la sentencia en el caso Sobornos se reestructuró a inicios de mayo tiene pendiente no solo el tema de la extradición de ocho de los 20 condenados en este caso de cohecho, sino el cobro de la reparación integral al Estado por pedido de la Procuraduría.
Hasta el momento, solo dos de los 20 sentenciados pagaron la multa impuesta y el Estado a través de la Procuraduría debe cobrar USD 13,6 millones.
En octubre de 2020, la Corte Nacional de Justicia concedió a los sentenciados 30 días para cumplir con el pago de los USD 14,7 millones dispuestos como medida de reparación.
Los jueces dispusieron que ese monto sea dividido entre los 20 sentenciados. Cada uno de los autores y coautores debían pagar USD 778.224 y los cómplices USD 368.632.
Víctor Fontana, representante de la empresa Fopeca, y Alberto Hidalgo, de la compañía Hidalgo & Hidalgo, fueron los únicos que realizaron sus pagos en octubre.
Fontana transfirió USD 778.224 a la cuenta corriente del Ministerio de Finanzas e Hidalgo depositó USD 368.632.
Como a la Procuraduría le corresponde cobrar los USD 13,6 millones restantes, presentó un pedido de ejecución de la sentencia. Este recurso obliga a los sentenciados a cumplir con sus pagos, vía mandato judicial.
La Procuraduría anexó la información recabada en los registros de la propiedad de varias ciudades del país sobre los bienes que están a nombre de cada uno de los sentenciados. Y el pasado 19 de mayo, la Corte Nacional de Justicia emitió el mandamiento de ejecución de la sentencia. En ese documento, se estableció que los sentenciados debían pagar lo ordenado en un máximo de cinco días y que, en caso de no hacerlo, se procedería a la ejecución forzosa a través del bloqueo de cuentas bancarias y el comiso de bienes.
El 28 de mayo, la Procuraduría notificó a la Corte el incumplimiento del mandamiento de ejecución ante la falta de pago. Pero el 25 de mayo, Rafael Córdova, sentenciado como representante de la empresa Metco, presentó una fórmula de pago para los USD 778.224 que le corresponden.
A través de su abogado, Córdova propuso pagar por tres vías: USD 123.000 en efectivo, a través de cuentas que están retenidas por orden judicial; USD 330.00 por dimisión de bienes y la diferencia, unos USD 325.000, sería pagada a plazos a manera de un diferimiento.
Sobre esta propuesta, la Procuraduría y la Corte todavía no se han pronunciado.
En el caso Laura Terán, excolaboradora de la Presidencia de la República y quien fue sentenciada como cómplice y debe pagar USD 368.632, presentó el pasado 27 de mayo un escrito en el que indica su “imposbilidad material” para cumplir con esa cancelación.
Además de Córdova y Terán, ninguno de los otros sentenciados ha manifestado algún interés de cumplir con su obligación. Pero lo que sí se advirtió es que Zayda Loayza, quien mantuvo una sociedad conyugal con el exministro Walter Solís, solicitó el pasado 19 de mayo que el comiso de bienes y cualquier otra medida sea dictada sobre los bienes propios de Solís y sobre el 50% de los derechos patrimoniales que le corresponden.
Al escrito, los jueces de la Corte respondieron que eso se resolverá cuando los comisos se ejecuten y recordaron que ya solventaron una duda similar el 28 de abril de 2021 de Catalina Recalde, quien disolvió su sociedad conyugal con Vinicio Alvarado, exsecretario de la Administración Pública.
Al momento, se conoce que Solís está en México, país que le concedió la condición de refugiado. Mientras que Alvarado está en Venezuela.
Fuente: Primicias, redes sociales