Los documentos eran utilizados para cumplir el 4% de contratación de personas con discapacidad.
LOS PERIODISTAS
Aparecen nuevas revelaciones sobre el uso de carnés de discapacidad, obtenidos de manera ilegal, a través de centros hospitalarios del ministerio de Salud.
Empleados bancarios, que por seguridad piden la reserva de sus nombres y de las entidades en las que trabajan, denuncian que sus empleadores compraban los documentos en Guayaquil, desde el año 2013.
Según sus testimonios, los departamentos de Talento Humano de las entidades financieras realizaban las coordinaciones directamente con funcionarios de centros de Salud del puerto principal.
Se escogía a empleados de sucursales de distintas ciudades, de preferencia a los que usaban lentes, para ponerlos en una lista. Posteriormente, les indicaban la fecha en que debían viajar a Guayaquil y el centro de salud al que debían acudir, en una hora previamente pactada.
Por temor a perder el trabajo, los empleados cumplían la disposición y seguían las instrucciones para obtener el documento, que habría tenido un costo de hasta USD 1.500.
Aunque las personas escogidas no padecían de ninguna discapacidad, el objetivo era utilizar los carnés para justificar, ante el ministerio de Trabajo, el cumplimiento del porcentaje obligatorio de contratación de personas con discapacidad.
El artículo 42, numeral 33, del Código del Trabajo, dispone que los empleadores públicos o privados deben contratar obligatoriamente al 4% de personas con algún tipo de discapacidad, del total de la nómina.
El incumplimiento de esta disposición legal es sancionado con una multa mensual equivalente a diez remuneraciones básicas unificadas.
El último registro sobre empresas sancionadas fue en mayo del año 2010, cuando el ministerio de Trabajo multó por un total de USD 640.000 a Banco Pichincha, Cervecería Nacional, Holcim, Andes Petroleum, Equivida, Carvajal Offsetec, Aseguradora del Sur, Agipgas y Álvarez Barba.
El asambleísta Juan Cristóbal Lloret, de la Comisión de Derechos Colectivos, solicitó a los ministerios de Salud y de Trabajo el listado de empleados de entidades financieras que posean carné de discapacidad, para iniciar una investigación.
Lloret calificó como bochornoso a este hecho cometido por parte de instituciones bancarias y señaló que esto evidencia el reparto y la ausencia de control por parte del gobierno del presidente Lenin Moreno.
El experto en discapacidades, Stalin Basantes, resaltó que se está desplazando laboralmente a las personas que sí padecen algún tipo de discapacidad y que por su condición tienen mayores necesidades económicas.
Considera que existe una vulneración a sus derechos, por lo que cree que es oportuno que se haga una revisión de los carnés emitidos por el ministerio de Salud.
En el sector público, recordó que las personas con discapacidad reciben un puntaje adicional en los concursos de méritos para llenar una vacante, por lo que sería grave el uso ilegal de esos documentos.
Según el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, solo durante la pandemia por el Covid-19, se emitieron 3.000 carnés de discapacidad, de manera ilegal.
Para el experto jurídico, Guillermo Trávez, la obtención fraudulenta de carnés de discapacidad constituye un delito de asociación ilícita, entre funcionarios del ministerio de Salud y las empresas o entidades que solicitan el documento.
“Hay asociación para delinquir y poder estafar y engañar”, señala Trávez, por lo que cree que es necesario que la Fiscalía realice las investigaciones necesarias para dar con los responsables.
Solicitamos un pronunciamiento a la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ASOBANCA), pero, hasta el cierre de este reportaje, no obtuvimos respuesta.
Según el ministerio de Trabajo, actualmente están registrados como trabajadores, con algún tipo de discapacidad, 49.120 personas en el sector privado y 19.963 en entidades públicas.