Punto Noticias.- Frente a las declaraciones de Juan Zapata, Secretario General de Seguridad y Gobernabilidad del Distrito Metropolitano de Quito, quien aseguró que el Gobierno de Pichincha se habría comprometido en abrir albergues para alojar a población venezolana, Giovanna Tipán, Directora de la Unidad de Gestión de Movilidad Humana de la entidad provincial aseguró que “no se debe abrir albergues sin protocolos”.
A nosotros nos están endosando una responsabilidad que no es nuestra porque se quiere desalojar a la población venezolana de los campamentos, quieren “limpiar” la ciudad. La prefectura no cuenta con espacios específicos para este tipo de situaciones; no obstante, “sostuvimos que se pueden buscar espacios para habilitarlos siempre y cuando sean calificados por la Secretaría Nacional de Riesgos y previo a los protocolos y recursos que permitan atender a la población.
Aseguró que hace una semana, el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, envió una carta a diferentes ministros solicitando los protocolos que sirven, en primer lugar, para determinar los perfiles de las personas a ser acogidas porque, “por decir algo, en un solo espacio no puedo incluir a una madre con sus hijos pequeños, a dos hombres y a una persona con VIH. No es digno ni seguro; el tratamiento es diferente”.
Fue enfática en asegurar que mientras no existan las condiciones y protocolos sería una irresponsabilidad abrir los espacios de acogida. En base a ello, se sabe cómo actuarán las instituciones para que esa persona o familia -una vez que salgan- estén en mejores condiciones de las que entraron, pues ese es el objetivo.
Según la funcionaria, mucha gente aún permanece en los albergues instalados por el Municipio de Quito porque no hay protocolos de cierre. Incluso, “no hubo protocolo de apertura y se convocó al COE Metropolitano cuando la Resolución no es una Resolución de declaratoria de emergencia como tal, es -más bien- una Resolución Viceministerial”.
Aclaró que el Viceministerio de Movilidad Humana tampoco tiene competencia para declarar emergencia. Lo que determina dicha Resolución es activar mesas provinciales de movilidad humana –como lo hizo el Gobierno de Pichincha- “en ninguna parte dice actívense los COES”.
La directora indicó, además, que lo que viene haciendo el Gobierno de Pichincha respecto a la crisis migratoria venezolana “no es del momento”. Se han realizado varias alertas humanitarias. En marzo de este año, el prefecto habría convocado a una reunión con las Agencias de Naciones Unidas para dar a conocer la situación y las cifras, sobre la base del trabajo que viene desarrollando la Unidad de Movilidad Humana desde hace 4 años, lapso en el que se han detectado problemas de desnutrición, malnutrición, incremento de población con VIH y vulneración de derechos a población en etapa escolar.
Por otra parte, el Gobierno de Pichincha fue la única institución que estuvo presente en el terminal terrestre de Carcelén con atención médica desde el 15 de junio hasta el 20 de julio y realizó el traslado de cerca de 300 ciudadanos venezolanos hacia Perú, con el acompañamiento de la directora Tipán, vigilando que no se vulneren los derechos de estas personas cuya situación, de por sí, ya es crítica y precaria.
Por Baby Bustamante Bustamante
Periodista Unidad de Movilidad Humana