El expresidente del Tribunal Supremo Electoral señaló, además, que un informe de Contraloría no es causal para extinguir un partido o movimiento político.
Punto Noticias. Contraloría General del Estado recomendó al Consejo Nacional Electoral (CNE) que deje sin efecto la inscripción de las organizaciones políticas Fuerza Compromiso Social, Libertad es Pueblo, Justicia Social y Podemos por presuntas irregularidades en los procesos de legalización.
Esta “sugerencia” la hace Contraloría luego de un examen especial que dice haber realizado al registro de las organizaciones políticas, sistema informático y de comunicación del CNE.
En su informe el organismo de control, entre otros puntos, establece que los cuatro movimientos no cumplen con el 1,5% de afiliados, que estipula como requisito el artículo 109 de la Constitución para ser legalizados, de acuerdo con el padrón del último proceso electoral. Se evidenció, además, falencias, como duplicidad entre los afiliados o inconsistencias en el sistema de verificación de firmas.
A Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, la recomendación de Contraloría le parece un exceso, porque no tiene competencias para ello.
“Cierto es que todas las instituciones del Estado y aquellas que han recibido fondos del Estado están sujetas a auditorías y exámenes especiales, en los rubros que se refieren a la utilización de fondos y bienes públicos. Eventualmente, también se pueden hacer exámenes de los procedimientos”, explicó.
Acosta está de acuerdo que Contraloría puede observar al organismo rector del sufragio cuando no cumpla con el control que debe realizar al fondo partidario, para que este sea utilizado en los fines para los que fue creado, como organización, capacitación de los actores políticos.
Pero, aclaró el experto, la inscripción para el nacimiento y extinción de las organizaciones políticas es de competencia exclusiva y excluyente de la Función Electoral, en la que no tiene que ver Contraloría.
Advirtió que, caso contrario, se estaría abriendo una puerta para que se haga un examen especial sobre alguna elección, inclusive presidencial, cuyo informe establezca que la elección estuvo mal realizada y que el ganador es otro candidato.
“Es decir, la Contraloría podría proclamar presidente de la República u otra autoridad. Eso es un abuso”, apuntó.