La xenofobia se convirtió en promesa de campaña del partido extremista VOX en Andalucía y esto le dio la posibilidad de alcanzar doce escaños, con los que pudo negociar la conformación de gobierno de la Junta de la sureña provincia española.
Mientras se conformaba el gabinete de consejeros de la gobernación y tomaban posesión de su cargo, Vox hizo oír su voz de inmediato para exigir que se expulse a todos los extranjeros ilegales de su territorio.
“Vox exige al nuevo Gobierno de la Junta que colabore en la repatriación de los 52.000 inmigrantes ilegales”, era el título que no dejaba dudas del comunicado emitido por la fuerza política xenófoba.
Para la agrupación política el acuerdo al que llegaron con el Partido Popular y Ciudadanos para cogobernar Andalucía tiene 37 puntos que deben acatarse y uno de ellos es la expulsión de inmigrantes ilegales. Algo que, de todas maneras, no figura en ningún escrito oficial. Al menos no de manera literal.
Aunque sí dice que van a “apoyar material, humana y documentalmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen encomendada la protección de las fronteras, garantizando una inmigración ordenada, legal, respetuosa con nuestra cultura occidental, vinculada siempre al mercado laboral”.
Esas 52 mil personas de las que habla Vox son las cifras que dio a conocer un sindicato policial sobre personas en situación irregular y que cuentan con tarjeta sanitaria. Pero esos datos no pueden ser utilizados para su expulsión del país, ya que incumpliría “el principio de proporcionalidad”.
Sin embargo, Vox se planta como pieza clave del gobierno andaluz y asegura que insistirán con sus exigencias. El resto de aliados de la extrema derecha no es que no comulguen con estas ideas, sino que prefieren esperar que se cumplan ciertos plazos institucionales que los irracionales desconocen.