Entidades gubernamentales y la empresa incumplen la disposición del juez que lleva a Acción de Protección.
Punto Noticias: La mañana del viernes 17 de julio de 2020, se desarrolló una visita a los tres campamentos que se encuentran en la hacienda Isabel, perteneciente a la empresa Furukawa Plantaciones C.A del Ecuador, con el fin de verificar las condiciones de vida y de trabajo que, durante casi 60 años, las y los trabajadores de la empresa y sus familias enfrentaron.
ALERTA | El viernes se realizó la inspección judicial a las plantaciones de Furukawa.
No asisitó ni la compañía abacalera ni el Ministerio de Gobierno, Salud, Procuraduría General del Estado ni el Ministerio del Ambiente#FurukawaNuncaMas https://t.co/iBfKGv2fOI pic.twitter.com/M4y1Hd8MQb
— Furukawa Nunca Más (@AbacaleroLibre) July 20, 2020
A esta diligencia, comparecieron los accionantes acompañados de sus defensores, el representante del Ministerio del Trabajo y el Delegado Provincial de la Defensoría del Pueblo.
No se presentaron los representantes de la compañía, ni los representantes del Ministerio de Gobierno, Ministerio de Salud y Procuraduría General del Estado, tampoco asistió el Ministerio del Ambiente, entidad que, por disposición judicial, debía tomar muestras de agua de los esteros cercanos a los campamentos para establecer si aquella es o no apta para el consumo y uso humano.
Tras la inspección se comprobó las pésimas condiciones en las que viven y realizan su trabajo; verificó que los cuartos donde viven no tienen la provisión de ningún servicio básico que garantice la vida digna.
Asimismo, se observó cómo los esteros cercanos, en los que se bañan y usan el agua para consumo, se contaminan con los restos de la fibra producida y con las aguas servidas producto de la única letrina insalubre que existe en cada campamento.
Paralelamente, un equipo de la Defensoría del Pueblo tomó versiones de los accionantes, y recabó evidencias conforme dispuso el juez.
Mientras este proceso constitucional avanza, existe una investigación penal iniciada de oficio por la Fiscalía General del Estado, a consecuencia del informe de la Defensoría del Pueblo, por el delito de trabajos forzados u otras formas de explotación laboral.
En un comunicado, los trabajadores instan al Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, recientemente nombrado presidente de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), a emitir el Informe de verificación final, en el que se consideren los últimos incidentes generados por el Estado y la empresa, se pide vigilar el debido proceso en este caso y que, como institución de derechos humanos del país, se sume al proceso judicial a través de los mecanismos existentes. (C.D.A.)
FUENTE: Furukawa nunca más