En Ecuador existe déficit en la protección de la labor de las y los defensores de derechos humanos, según la Defensoría del Pueblo.
Punto Noticias. “La Declaración sobre los defensores de los derechos humanos empezó a elaborarse en 1984 y fue aprobada por la Asamblea General en 1998, con ocasión del quincuagésimo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Los esfuerzos colectivos de numerosas ONG de derechos humanos y de las delegaciones de algunos Estados contribuyeron a que el resultado final fuera un texto coherente, muy útil y pragmático.
Quizás lo más importante es que la Declaración se dirige no sólo a los Estados y los defensores de los derechos humanos sino a todos. Nos dice que todos tenemos una función que desempeñar como defensores de esos derechos, y destaca la existencia de un movimiento mundial en el que todos estamos inmersos”, señala el portal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“La Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos reconoció que la defensa de los derechos humanos es un derecho, que quienes lo ejercen cumplen un rol fundamental para la protección de los Derechos Humanos y que los Estados y la Sociedad deben proteger su accionar”, señala, de manera concomitante, la Defensoría del Pueblo de Ecuador.
“Los defensores y defensoras de derechos humanos son personas comunes, abogados o abogadas mujeres activistas, líderes comunitarios, periodistas, sindicalistas o defensoras del medio ambiente, que luchan por hacer respetar derechos y promover libertades, educan para la paz, despiertan conciencias, desenmascaran verdades y protegen a los más débiles.
En el marco de este día, es necesario señalar que existen en Ecuador numerosos defensoras y defensores de derechos humanos, que día a día trabajan por la promoción y protección de estos derechos. Sin embargo, existe un déficit en la protección de su labor.
El Código Orgánico Integral Penal mantiene figuras penales que son utilizadas para criminalizar la protesta y la defensa de derechos. Además, en la Administración de Justicia se mantienen abiertos procesos de judicialización contra defensores y defensoras. La anunciada amnistía legislativa por los casos de criminalización acumulados durante la década pasada, aun no se ha concretado.
Además, se mantiene una cultura de estigmatización contra las personas o colectivos que defienden los derechos de las mujeres, de los derechos LGBTI (personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales), de las personas en movilidad humana, de aquellos que defienden su derecho a la tierra, al territorio y que exigen a las empresas que cumplan sus responsabilidades, entre otras. Todas estas personas enfrentan cada vez más riesgos y viven bajo amenaza constante.
Ante esta realidad, la Defensoría del Pueblo convoca a la sociedad a reconocer el importante papel que cumplen las y los defensores de derechos humanos y de la naturaleza, y hace un llamado para que todos y todas nos inscribamos en una cultura de paz, de respeto a la dignidad de las personas y de trabajo por la exigibilidad de los derechos.
Además, hace un llamado a que todas las instituciones del Estado promuevan escenarios de participación de la sociedad, fortalecer las políticas de diálogo y a reconocer y mantener la independencia de las instituciones cuyo papel es respetar, proteger y garantizar los derechos”, señala la publicación.