Valencia dejó la Cancillería sin acatar orden de la Corte Nacional de Justicia que dispuso atender reclamo de una diplomática no promovida.
LOS PERIODISTAS
La gestión de José Valencia como canciller, entre el 13 de junio de 2018 y el 08 de julio de 2020, generó malestar entre los diplomáticos de carrera, por la forma no transparente con la que promovió los ascensos de personal.
Valencia, hombre de confianza del presidente Lenin Moreno, ascendió a 18 ministros consejeros al rango de embajadores durante los dos años de su administración, sin que se cumpla, según denuncias, un debido proceso de evaluación de méritos y deméritos de sus hojas de vida.
Contrariamente se marginó a funcionarios con altos méritos y más de 25 años de servicio en misiones diplomáticas en el exterior.
A fines de 2018 fueron promovidos como embajadores Santiago Chávez Pareja, Christian Espinosa Cañizares, Juan Pablo Valdivieso, José Rosenberg Guerrero, Luis Valencia Moreno, Ruth Dueñas Montero, Doris Melo Jácome y Guillermo Lara Calderón.
Mientras que el diciembre de 2019, Valencia ascendió a Isabel Albornoz, Carlos Velasteguí, Juan Carlos Castrillón, Santiago Martínez, Leopoldo Rovayo, Jenny Lalama, Miriam Esparza y Alba Coello.
Ambos procesos fueron cuestionados entre los funcionarios de carrera. Denys Toscano fue uno de los diplomáticos que elevó su voz de protesta por considerar que “no ha imperado la objetividad, sino el libre arbitrio de la autoridad”.
Toscano, quien cuenta con una carrera de 26 años de servicio, un doctorado en Jurisprudencia y habla 5 idiomas, remitió comunicaciones al canciller Valencia para expresarle su malestar y solicitar explicaciones.
Asegura que algunos de los ascendidos no cumplen con el requisito de idiomas y que no estarían en capacidad de dirigir una embajada. Y añade que “se privilegia a un grupo de coyuntura favorable a los altos mandos”.
Otro caso fue el de Elizabeth Moreano, quien lleva una carrera de 27 años en el servicio exterior. Solicitó al canciller información sobre el proceso de selección de finales de 2018, pero no recibió respuesta, por lo que el 14 de agosto de 2019 presentó ante un tribunal una acción de acceso a la información pública.
En junio de 2019 el tribunal falló a favor de Moreano y dispuso a la Cancillería que entregue la información solicitada por la funcionaria.
El dictamen fue apelado y llegó a casación, pero en esa instancia se ratificó la decisión favorable para la diplomática. Pese a ello, José Valencia no acató el fallo del tribunal.
El 16 de octubre de 2020, la Unidad Judicial Penal, con sede en Quitumbe, notificó a la Fiscalía para que inicie una investigación en contra de Valencia por el cometimiento del presunto delito de incumplimiento a decisiones legítimas de autoridad competente.
Pese a ello, el jefe de la diplomacia ecuatoriana dejó el cargo a inicios de julio sin acatar una decisión de un juez competente. Fue su sucesor, el canciller Luis Gallegos, quien dio cumplimiento a la orden judicial y entregó la información requerida por Elizabeth Moreano.
El pasado 16 de octubre, el tribunal aceptó que la Cancillería acató el fallo, con lo que cerrará el proceso en contra de Valencia.
A criterio del exvicecanciller, Fernando Yépez, los procesos de evaluación se desarrollaron con falta de total transparencia y sin reglas claras. «Fue un proceso viciado que atentó gravemente contra la institucionalidad del Servicio Exterior y la seguridad jurídica de los funcionarios», opinó.
Según Yépez, este fue un episodio triste para la diplomacia ecuatoriana y un retroceso para su institucionalidad. También criticó la prepotencia de José Valencia, al no haber acatado un dictamen judicial, lo que constituye un delito.
El excanciller, quien en su momento defendió la designación de una de las hijas del presidente Moreno, como consejera de la Misión del Ecuador ante la ONU, en Nueva York, fue designado el pasado 18 de julio como representante ante la Organización Mundial de Comercio, OMC, con sede en Ginebra.