Punto Noticias. La falta de eficacia, en la localización de las personas desaparecidas, y la carencia de un proceso técnico de investigación, por parte de fiscales y agentes de policía, llevó a que la sociedad civil elabore un proyecto de ley sobre esta temática.
La incertidumbre y la necesidad de obtener respuesta por parte del Estado, responsable de precautelar la vida de los ciudadanos, es el motor que hizo posible la construcción del proyecto de Ley Orgánica para la Búsqueda, Investigación y Localización de Personas Desaparecidas, según señala Pamela Chiriboga, abogada de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).
El objeto de esta propuesta de normativa es establecer el procedimiento que debe ser aplicado para la búsqueda, investigación y localización de personas desaparecidas, así como la intervención efectiva y oportuna, previas al inicio de un procedimiento penal.
Alexandra Córdova, madre de David Romo, desaparecido hace seis años, insiste en la falta de especialización de fiscales y agentes investigadores, que tienen a su cargo la tarea de localizar a una persona desaparecida. Esta falta de procedimiento técnico y profesional hace que los informes respondan tan solo a las suposiciones e imaginación de los investigadores, sostiene Córdova.
El proyecto de ley plantea la creación de la Dirección Nacional de Personas Desaparecidas, adscrita a la Fiscalía General del Estado, que se encargue de todas las obligaciones y actividades relacionadas a la búsqueda, investigación y localización de las personas desaparecidas, explica la asambleísta Lourdes Cuesta, quien auspicia la propuesta.
Verdad, justicia y reparación, son derechos, tanto de la persona desaparecida como de sus familiares, que el proyecto de ley plantea que sean respetados por parte del Estado ecuatoriano.