La demanda es en contra de la Presidencia y de otras entidades públicas. El objetivo es que se reconozcan las violaciones directas a los derechos constitucionales como resultado de la crisis carcelaria, se identifique a sus responsables y exista reparación integral.
Punto Noticias. Verdad, justicia y reparación. Ese es el pedido de cientos de familias de personas privadas de libertad, que fueron asesinadas en las 14 masacres carcelarias que se han registrado en Ecuador desde 2019. Ante la impunidad y la falta de respuestas por parte del Estado, presentaron una acción de protección cuya audiencia se llevará a cabo este miércoles 14 de junio en Guayaquil.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), el Comité de Familiares por Justicia en Cárceles y la Red Internacional de Mujeres Familiares de Personas Privadas de Libertad (Rimuf) presentaron la demanda en contra del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Gobierno y la Presidencia de la República.
El objetivo es que el juez identifique las violaciones directas a 11 derechos constitucionales como resultado de la crisis carcelaria, entre ellos, el acceso a la información, la seguridad jurídica y la salud, entre otros.
Fernando Bastias, miembro del CDH, explicó que la acción de protección también tiene como objetivo identificar a los responsables, es decir, «el estado y sus instituciones».
Dado que el Estado es responsable de las muertes de las personas privadas de libertad, solicitan una reparación integral, que incluya disculpas públicas, garantías de no repetición, atención psicológica y una indemnización económica.
Bastias aclaró que ni los colectivos, ni los abogados ni las familias tienen la competencia para determinar el monto económico. En caso de que exista un fallo a favor, será un Tribunal Contencioso Administrativo el encargado de calcular dicho monto.
Otra de las medidas solicitadas es garantizar una beca de estudios hasta la educación superior para cada menor de edad que quedó en la orfandad. «El acceso a la educación cerrará el círculo de violencia como resultado de la crisis», explicó.
La audiencia, que está programada para las 10:00, podría suspenderse si las instituciones públicas no asisten. En caso de llevarse a cabo, se espera que el juez emita su respuesta este mismo miércoles.
Crisis carcelaria:
Aunque en los últimos meses no se ha registrado una masacre similar a las 14 anteriores, Fernando Bastias deja en claro que el Estado no tiene el control de las cárceles debido a extorsiones y cuotas que se exigen a los internos, gastos que las familias deben asumir. Recientemente, se denunció que se les exige a los presos otra cuota para la compra de armamento.
«El Estado ha trasladado su responsabilidad de cuidado de las personas privadas de libertad a las familias, tanto en el aspecto económico como en la provisión de alimentos y seguridad», reclamó.
Aunque no se han registrado masacres, mencionó que continúan las muertes silenciosas por ahorcamiento en varios centros penitenciarios. «Las masacres carcelarias son resultado de la crisis. El hecho de que no haya muertes no significa que tienen el control de las cárceles”, aseveró.
Fernando Bastías, así como otros defensores de derechos han sido víctimas de represión policial e incluso han sido amenazados de muerte, tras los discursos estigmatizantes desde el Ejecutivo y la Policía Nacional.