Por las protestas de octubre hay una denuncia por delito de lesa humanidad en contra del Estado ecuatoriano por los miles de heridos y una decena de fallecidos
Punto Noticias. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, defenderá la actuación que tuvo al frente de esta Cartera de Estado durante las manifestaciones de octubre de 2019, durante el proceso de juicio político que se sigue en su contra.
Roberto Gómez y Amapola Naranjo son los asambleístas interpelantes, quienes acusan a la ministra de incurrir en varias faltas durante las manifestaciones de octubre del año anterior, entre ellas, que la Policía Nacional, institución que está a su cargo, usó bombas lacrimógenas caducadas en contra de los manifestantes; el lanzamiento de bombas lacrimógenas al interior de centros de paz y acogida humanitaria, así como la tardía convocatoria del Comité de Protección a Periodistas.
Sobre esta última causal, Romo dijo: “el comité fue creado el día que sufrimos el secuestro de periodistas en el Ágora de la Casa de la Cultura, mis interpelantes consideran que debo ser destituida porque para ellos la convocatoria debió haber sido antes”, acotó.
El proceso de fiscalización en contra de Romo se dio nueve meses después de haberse ingresado a la Asamblea y luego de que la propia ministra haya enviado una carta al presidente del Legislativo, César Litardo, autorizando el inicio de su juicio político.
La ministra también exigió que sea presencial el proceso de sustanciación, pero el presidente de la Comisión de Fiscalización, Elio Peña, le recordó que el país atraviesa una emergencia sanitaria por el COVID-19 y que la Asamblea, así como otras instituciones, se acogieron al teletrabajo y se mantendrán en esa modalidad para el enjuiciamiento político.
“Yo lo que hare es defender la actuación que tuvimos en octubre, firme pero equilibrada usando la fuerza exactamente en los momentos que se consideraba necesario, solo fuerza disuasiva, pero sin claudicar nunca de la tarea que le correspondía a la Policía: defender a millones de personas que se encontraban en medio de esta crisis”, dijo Romo.
Por las protestas, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) presentó una denuncia por delito de lesa humanidad en contra del Estado ecuatoriano por los miles de heridos y una decena de fallecidos que dejó la fuerte represión policial, como ellos califican a la actuación de la policía en esos días de protesta.