Cuestionó la reestructuración de la mesa parlamentaria, sin tomar en cuenta el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado.
Punto Noticias. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), Christian Cruz, presentó sus pruebas de descargo, en el juicio político que en su contra sustancia la Comisión legislativa de Fiscalización.
A su criterio, el interpelante, Henry Kronfle, no ha demostrado el incumplimiento ni arrogación de funciones, tal como dispone el artículo 131 de la Constitución, pues se refiere solo a subjetividades y apreciaciones. Es más, no presentó las firmas de respaldo, en los plazos estipulados, conforme el Art. 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, señaló Cruz.
Reclamó que para iniciar esta acción no se ha considerado el pronunciamiento vinculante del Procurador del Estado, de que no se podía reestructurar las comisiones especializadas en un mismo período, lo que evidencia falta de competencia jurídica en el presente caso.
Sostuvo que obtuvo el carné de discapacidad legalmente de parte del Conadis, en 2009. Recordó que la Fiscalía, hace nueve años, desestimó una impugnación presentada al respecto por Ana Cristina Campaña. Por tanto, a su entender, se pretende juzgar al presidente del Consejo por acciones de hace 11 años, lo que vulnera el principio de temporalidad.
Según Cruz, las leyes del Consejo de Participación y de Contraloría permiten a las máximas autoridades dictar reglamentaciones secundarias internas, para el normal funcionamiento de las instituciones, por lo que puso en marcha dos reglamentos, para el control del parque automotor y de autorización de viáticos.
Con estas consideraciones, Cruz solicitó el archivo del proceso de juicio político, en defensa de la seguridad y el ordenamiento jurídico ecuatoriano, argumentó.
Los parlamentarios Marcelo Simbaña, Esteban Melo, Dennis Marín, Bairon Valle, Absalón Campoverde, Mercedes Serrano, Noralma Zambrano y Jaime Olivo defendieron la facultad legal y constitucional de Asamblea Nacional, como primer poder del Estado, a través del Pleno, para asumir decisiones en torno de las comisiones.
Cuestionaron que es inexplicable que, en un solo día, haya logrado el carné de discapacidad; que este documento no lo presentó al momento de la renovación de la licencia profesional; y, que hizo caso omiso a los llamados de recalificación.
Insistieron que solo el Pleno del Consejo puede emitir reglamentaciones, por lo que demandaron información respecto del impacto económico de la aplicación de estas. Objetaron, adicionalmente, la demora en el trámite de la designación del Superintendente de Ordenamiento Territorial.
Henry Kronfle, asambleísta interpelante, se sumó a la defensa de la institucionalidad, argumentando la transparencia en el ejercicio del proceso de juicio. Lamentó que Cruz se haya dedicado a descalificar las observaciones formuladas por el Conadis, Aneta, Fiscalía, y el propio Consejo de Participación, lo que entra en el plano de la probidad notoria, lo ético y moral.
Cruz aclaró que, por sus actividades comerciales, que le han obligado a trasladarse por todo el país, no acudió a la recalificación del carné de discapacidad. Afirmó que no hubo afectación financiera en la vigencia de las reglamentaciones internas y que, al amparo de la facultad de autotutela, las derogó en la perspectiva de ampliar conceptos con los consejeros.
Fuente: Asamblea Nacional.