Alcanzar la justicia es el objetivo común de las instituciones que son parte de la mesa sectorial.
Punto Noticias. Las autoridades de la Función Judicial se comprometieron a brindar respuestas eficaces para garantizar el acceso a la justicia, dar seguimiento a las víctimas, unir esfuerzos para la restitución de derechos, a través de una efectiva protección integral.
El medio para hacerlo será la creación de la Comisión Mixta Nacional de Acceso a Justicia del Ecuador, en la que participará, de manera directa, la ciudadanía, según los consensos a los que se arribaron en el marco del Acuerdo Nacional 2030.
La Función Judicial la integran la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Consejo de la Judicatura (CJ), Fiscal General del Estado (FGE)y Defensoría Pública (DP), que se obligaron a combatir los nudos críticos de la justicia, para niñas, niños, adolescentes y mujeres.
Las autoridades de estos entes de control prevén, para el año 2020, fortalecer la justicia especializada en el país y superar las prácticas de discriminación y revictimización, garantizando actuaciones comunes para asegurar que, niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidades, LGBTI y personas en situación de movilidad humana, cuenten con la asesoría y representación técnica legal, así como decisiones judiciales oportunas, para reducir las vulnerabilidades y el riesgo que trae la violencia a sus vidas, según la información oficial.
“Seis de cada 10 mujeres en Ecuador han sufrido algún tipo de violencia y eso debe cambiar. Hoy, creada la comisión interinstitucional, podemos actuar más ágilmente, para garantizar el acceso a la justicia a quienes han sido víctima de la violencia. Tenemos claro que los objetivos son comunes y todos están enmarcados en la prosperidad, en un ambiente de equidad y justicia”, declaró el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner.
“La Función Judicial del Ecuador trabajará articuladamente con la ciudadanía y con la Función Ejecutiva, en procura de asegurar la protección integral de derechos, a través de los ejes de prevención, protección, sanción para la erradicación de los ilícitos de violencia, especialmente de carácter sexual y femicidio, así como el acceso de las víctimas a justicia especializada y reparación integral, otorgando el lugar central que corresponde a la observancia ciudadana de las actuaciones de los funcionarios como operadores de justicia”, señala la información entregada por la Fiscalía General del Estado (FGE).
Durante su intervención, la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, Paulina Aguirre, aseguró que la firma de este acuerdo es un hito histórico para el sistema de justicia ecuatoriano. «Apuntamos a un sistema que garantice el verdadero acceso a la justicia, derecho que sirve como herramienta para el cumplimiento, protección y materialización de los demás derechos humanos», señaló.
La Secretaria de Derechos Humanos, Cecilia Chacón, dijo que no es posible hablar de desarrollo sin prevenir y erradicar la violencia en nuestro país. “Este acuerdo 2030 reafirma el compromiso por fortalecer una política pública para el fortalecimiento de los sistemas de protección de derechos. Queremos una sociedad sensible, solidaria, promotora de los derechos humanos que valore la vida de hombres y mujeres” destacó.