Por Andrés Luna Montalvo
“Hemos dado un plazo de 10 días. Si no hay pronunciamiento, seguiremos planificando lo que va a hacer que de verdad nos escuchen” amenaza Carlos Tenorio, el presidente de la Asociación de Futbolistas del Ecuador (AFE), que fue elegido el 26 de febrero de 2021 con 18 votos, superando a Rorys Aragón que con 5 fue su inmediato perseguidor, en un padrón conformado por apenas 24 sufragantes (un voto fue en blanco). Actualmente la AFE es una institución que busca recuperar la confianza perdida entre sus potenciales agremiados, los propios futbolistas, quienes han presenciado con recelo las continuas acusaciones en contra de las últimas administraciones.
Tampoco la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales Asociados (FIFPro) reconoce legitimidad en la AFE, suspendida y sin membresía desde investigaciones por malversación de fondos que iniciaron en el 2011, tras los lamentables gobiernos de Emilio Valencia e Iván Hurtado; de esta última administración, cuenta Tenorio, no tiene un solo papel, “ni siquiera aparecieron el día en que me posesioné”. Con esta baja representatividad, se intuye que será otro el mecanismo que necesitan los futbolistas ecuatorianos para contener las medidas de libre mercado implementadas por la Liga Pro.
“Los clubes están cuidando su economía, el mercado se debe sincerar y debemos entender TODOS que Ecuador debe bajar sus costos” escribe Miguel Ángel Loor, presidente de Liga Pro, en defensa de la iniciativa de incorporar a ocho extranjeros no solamente en la plantilla sino también en la cancha, pues ninguna restricción impediría que de los 22 futbolistas en el terreno de juego, 16 puedan ser nacidos en otro país. La idea, claramente encaminada a devaluar al futbolista ecuatoriano, es una muestra de la libre oferta y demanda que el liberalismo económico predica como una de sus mayores virtudes: cero restricciones para contratar en un mejor precio, y posiblemente a un mejor jugador, que no haya nacido en Ecuador, en detrimento de un proyecto local que debido a las actuales prohibiciones se vuelve más costoso.
De esto ha dado cuenta desde 1964 el Club Deportivo El Nacional, institución a la que, a decir de sus históricos directivos, siempre le vendieron futbolistas a un costo mayor: el delantero de moda y goleador ecuatoriano tenía una cotización distinta para cualquier equipo que podía elegir entre él o un argentino o uruguayo, que para El Nacional, a quien solo le quedaba esa alternativa de contratación por su filosofía de jugar con “puros criollos”.
De no aparecer voces autorizadas y con credibilidad que agrupen a los futbolistas nacionales para hacer prevalecer sus intereses por sobre el de los dirigentes de los clubes de Liga Pro, la medida de los ocho extranjeros se presenta como inminente. Todo lo que se diga de aquí en adelante entra en el terreno de la especulación, pues si bien el argumento de que el futbolista local se devaluará es cierto, también es verdad que la economía de los clubes se verá favorecida. El costo-beneficio deberá medirse con efectos tangibles, que podrán evaluarse probablemente en diciembre de 2023 o quizás en el 2024, cuando la medida empiece a arrojar sus primeros resultados.
Proteger al futbolista local o incentivar la contratación de futbolistas extranjeros es el dilema, en un país donde el “espíritu de cuerpo” ha hecho que no se pierda oportunidad para desprestigiar y atacar al árbitro nacional y donde los Directores Técnicos ecuatorianos están restringidos a trabajar en los equipos con peores presupuestos y mínimas aspiraciones.