Un grupo de ciudadanos, en representación de los habitantes de San Lorenzo, llegó hasta la Asamblea Nacional con el propósito de expresar su preocupación por lo que califican como una crítica situación que vive la población civil en este cantón de Esmeraldas.
A decir de Luis Valencia, del Comité Permanente de Solidaridad por la Paz y la Seguridad Fronteriza, el estado de excepción y la militarización en esta jurisdicción afectan a las actividades diarias que allí se desarrollan.
Por esta razón, la población y las demás instituciones de San Lorenzo demandan ser parte del plan de seguridad que el gobierno estructura para enfrentar la violencia en este sector de la patria.
A criterio de la legisladora Silvia Salgado, el Ejecutivo ha priorizado la presencia militar en el sector, pero ha puesto poco interés en la situación de la población civil, que ha visto amenazada su subsistencia diaria.
El representante de San Lorenzo exteriorizó el temor que sienten ante lo que definen como una guerra para la cual, dice, no estuvieron preparados.
Mientras tanto, la asambleísta Roberta Zambrano, de la provincia de Esmeraldas, planteó que la legislatura exhorte al Ejecutivo a que alargue los plazos que tienen los ciudadanos de San Lorenzo y Eloy Alfaro para cumplir con sus obligaciones tributarias.