Lo sostiene el abogado Fausto Jarrín, defensor de Christian González.
Punto Noticias. El pasado 15 de octubre, el presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, Julio Arrieta, dictó prisión preventiva contra la prefecta de Pichincha, Paola Pabón; Pablo del Hierro y Christian González, acusados del presunto delito de Rebelión, durante las protestas contra las medidas económicas del Gobierno del presidente Lenín Moreno.
Fausto Jarrín, abogado de González, sostiene que la fiscalía se vio obligada a mentirle, de manera descarada, al juez, en torno a una cifra escuchada en una supuesta intercepción telefónica, aduciendo que se habría dicho 740 mil dólares, cuando se dice 740 dólares, usados para medicinas, alimentos y supuestamente comprar cartones, para hacer escudos para la gente que estaba en las calles.
Para el jurisconsulto, aquella mentira descarada de la fiscalía constituye un claro fraude procesal.
Respecto a la prisión preventiva dictada en contra de la prefecta Pabón, Christian González y, últimamente, contra Virgilio Hernández, el abogado Jarrín considera que es una medida arbitraria, porque no obedece a ningún parámetro que estipula el derecho procesal para evitar, en este caso, riesgo de fuga del procesado.
Está convencido de que la Fiscalía logró que el juez de la causa disponga prisión preventiva sobre la base de premisas falsas, mentirosas.
El profesional del derecho insiste en que las acusaciones de la Fiscalía en contra de su defendido y los demás procesados están plagadas de mentiras, que en ningún punto del proceso generarán certezas ni veracidad. Espera que así lo valoren los jueces.