Porque considera que irrespetó la institucionalidad de la Asamblea Nacional, su presidente, José Serrano, anunció que interpondrá ante el Consejo de la Judicatura una queja en contra de la jueza Lucila Gómez Rodríguez, de la Unidad Judicial de Trabajo de Pichincha, quien aceptó la acción de protección propuesta por la asambleísta Cristina Reyes en contra del CAL y declaró que este organismo vulneró el debido proceso de defensa de la legisladora.
La resolución de la jueza dejó sin efecto la sanción que impuso el CAL a Reyes, del PSC, suspendiéndola en sus funciones, por 10 días, sin sueldo, debido a que profirió insultos en contra de los integrantes del organismo administrativo del Parlamento Nacional, tildándoles de alcahuetes.
“Es una acción de protección constitucional que hay que respetarla y acatarla. También se apeló la decisión. De todas maneras, los 10 días del tiempo de suspensión ya pasaron; pero, también es una suspensión sin remuneración, así que esa remuneración, a la señora asambleísta, se la entregará”, declaró Serrano.
El titular de la Función Legislativa respondió las críticas lanzadas por la oposición al trabajo legislativo y en especial a los integrantes del CAL, a quienes acusa de torpedear el juicio político contra el exvicepresidente de la República, Jorge Glas.
“La evaluación hay que hacerla integral, no sesgada como algunas personas pretenden hacer. La Asamblea autorizó el juicio penal en contra del vicepresidente de la República. Sin la autorización de la Asamblea no había juico penal”, sostuvo.
Respecto a la reestructuración de las comisiones legislativas permanentes, en la que están empeñados algunos legisladores de la nueva mayoría parlamentaria, Serrano comentó que debe hacerse, pero en el marco de la ley, sin establecer componendas; es decir, después de que se haya cumplido el período de dos años que establece la norma.