Punto Noticias.- Fidel Chiriboga, coordinador del Frente de Dignidad Judicial y también integrante de la sala de lo penal de la Corte Nacional de Justicia de Pichincha, aplaudió la decisión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), que cesó en sus funciones a los del Consejo de la Judicatura (CJ) encabezados por Gustavo Jalkh puesto que los servidores judiciales fueron sometidos, durante su administración, a destituciones ilegales, firmas de contratos sin sustento legal.
Durante la evaluación del CPCCS-T, los jueces que “perdieron el miedo” presentaron un pliego de contenidos con las denuncias en contra de Jalkh y el resto de vocales, donde se habría demostrado la metida de mano en la justicia.
Chiriboga ejemplificó con casos de jueces que ni siquiera eran notificados de los sumarios administrativos sino que simplemente le llegaba su destitución sin tener el legítimo derecho a la defensa.
Decisiones de la actual judicatura
Por otro lado, el servidor judicial criticó la decisión del actual presidente encargado de la Judicatura, Marcelo Merlo de suspender a la jueza de la Unidad Judicial Multicompetente en Samborondón Paola de los Ángeles Dávila López que levantó la prisión preventiva del exministro Iván Espinel quien es procesado por presunto lavado de activos.
El juez indicó que el reglamento de la Judicatura le da la potestad a su Presidente para que suspenda a una jueza hasta 90 días sin consultarlo en el Pleno del organismo, lo cual a criterio del funcionario es ilegal pues para dicha decisión es jurisdiccional, tal cual lo confirma el propio vocal Juan Pablo Albán. “Él lo rechazó porque dijo que se estarían repitiendo las prácticas del CJ que estaba a cargo de Jalkh”.
De ahí que pidió que los actuales vocales encargados en la Judicatura cumplan con su rol Constitucional en un trabajo que garantice la labor de los buenos servidores judiciales que actúan en derecho y normativa.
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