Con la decisión judicial se busca dar una vida digna a las personas privadas de la libertad y evitar el hacinamiento.
Punto Noticias.- Tras aceptar una acción de protección, el juez constitucional Ángel Mestanza ordenó al Estado ecuatoriano crear una política pública integral para la vida digna de las personas privadas de libertad.
Mestanza acogió el recurso con medidas cautelares en contra de ocho instituciones públicas por la falta de política pública integral de rehabilitación social.
El argumento jurídico giró alrededor de que se han vulnerado los derechos de las personas privadas de la libertad en Ecuador a la rehabilitación, a la igualdad y no discriminación, a la salud, educación, trabajo y a la seguridad penitenciaria.
Con este antecedente, el magistrado dio el plazo máximo de un año para que se establezca una política pública integral, en la que participen las instituciones demandadas como parte de una medida de reparación integral.
Para evitar el hacinamiento, el juez además dispuso al Estado que garantice un nivel de vida digno a las personas privadas de libertad.
En un comunicado de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) se detallan otras medidas de reparación en las que constan la instauración de mecanismos diferenciados entre mínima, máxima y media seguridad; el establecimiento de políticas de capacitación para agentes penitenciarios; la toma de medidas radicales para erradicar el tráfico de armas y de drogas; la implementación de mecanismos en los que puedan participar la academia y la sociedad civil para entablar un diálogo que permita mejores soluciones a nivel estructural y así reformar el sistema penitenciario.
En estas acciones se involucra a la Defensoría del Pueblo, con el fin de que realice informes trimestrales sobre el cumplimiento de la sentencia.
En la diligencia que se desarrolló vía telemática, este jueves 18 de marzo, participaron delegados de la Presidencia de la República; de la Asamblea Nacional; del Consejo de la Judicatura; del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI); del Ministerio de Gobierno; de la Fiscalía General del Estado; de la Secretaría Nacional de Planificación; y de la Procuraduría General del Estado, que fueron las instituciones accionadas en este caso.
Ante esta decisión, Luis Ricaurte, de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, señaló que no se demostró ninguna violación de derechos humanos.
En la misma línea, David Noboa, de la Procuraduría General del Estado, aseguró que no existen insumos para ratificar la violación de derechos humanos en este caso y solicitó que se revoquen las medidas cautelares.
Ante esta situación, el juez creyó que no es procedente su revocatoria y las ratificó. Dichas medidas cautelares establecen que el presidente de la República, Lenín Moreno, a través de la Secretaría General Jurídica de la Presidencia, convoque al Directorio del Sistema Nacional de Rehabilitación para que, en el término de 5 días, con la participación directa de la Defensoría del Pueblo, autoridades académicas, los accionantes y las demás entidades estatales demandadas adopten las medidas necesarias para disminuir la sobrepoblación carcelaria.
Mientras, la Defensoría del Pueblo afirmó que existe una sobrepoblación en los centros de rehabilitación, así como falta de equipos tecnológicos, limitado personal para el control de las personas recluidas, falta de espacios adecuados para la alimentación y estructura en mal estado.
Tras la decisión judicial, las instituciones demandadas presentaron de manera oral su apelación.
Ante esta situación, Pamela Chiriboga, coordinadora del área jurídica de Inredh, explicó que, aunque el recurso de apelación se haya presentado, este no tiene efectos que suspendan el cumplimiento de las medidas de reparación integral dispuestas.
David Cordero, director del Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), dijo que se exigirá el cumplimiento de las medidas de reparación integral, para que se dé una solución al sistema penitenciario.
Fue esta institución junto con Inredh las que presentaron la acción de protección ante los hechos violentos suscitados el pasado 23 de febrero en cuatro centros de privación de la libertad.
Según el documento de la acción de protección se menciona que “en el 2020 la reducción del presupuesto fue de 43% y en el 2021 se aumentó solo 8 millones y por esto, la planificación anual ha tenido que ser readaptada en relación con el presupuesto, lo que ha causado que aumenten los detenidos, los programas de rehabilitación se reduzcan y empiecen los primeros motines”.
Fuente: Inredh, redes sociales