A decir del jurista, Salazar se evidencia como una funcionaria derrotada.
Punto Noticias. La fiscal general, Diana Salazar, declaró, este lunes 14 de junio, que espera que la justicia no sienta presión al procesar a una autoridad de control en funciones. También dijo que mientras sigan algunos procesados en el poder, será muy difícil que la justicia pueda hacer su trabajo.
La fiscal hizo una clara alusión al caso de Pablo Celi, quien, a pesar de ser procesado por presunta delincuencia organizada, continúa siendo el contralor del Estado. A criterio del abogado penalista Gonzalo Silva, las expresiones de Salazar la evidencian como una funcionaria derrotada.
En opinión del jurista, Salazar debe renunciar, si no tiene la capacidad para sortear estos obstáculos, puestos por políticos que están inmiscuidos en estos hechos, a decir de la propia fiscal general.
Silva considera que es grave lo dicho por la fiscal general, porque la Constitución y las leyes entregan a esta, de manera privativa, la facultad para la investigación pre y procesal y su intervención en todos los juicios de acción pública, para llevar a la acusación o a la abstención, con la recuperación de los elementos de convicción que luego serán acreditados como anuncio de prueba.
Deploró el jurista la manera en la que se expresó la fiscal general, porque es cuestionable y preocupante, dice, encontrar a un funcionario ya derrotado antes de que comience la guerra, que es producto de la desinstitucionalización que deviene desde el tiempo de Julio César Trujillo, sostuvo.
Criticó Silva el blindaje que le entregó el doctor Trujillo y sus acompañantes del CPCCS, luego avalado por la Corte Constitucional, a Celi, a quien le calificó de personaje sinestro, audaz, peligrosos, porque no solamente le encargaron la Contraloría General sin nombrarle, sino que se hizo nombrar contralor por los organismos que integran la Función de Transparencia.
A decir del abogado penalista, Celi es más poderoso que el presidente de la República. “Este señor sabe las virtudes, despropósitos o porquerías de todos los funcionarios del Estado, para que les tenga chantajeados, como les ha tenido dentro de la Contraloría”, señaló.
El jurista dice que es tanta la presión que ejerce Celi, que la contralora subrogante le concede licencia hasta de 60 días, burlándose y desconociendo la norma expresa del artículo 28 de la Ley de Servicio Público, porque ella no está en capacidad de hacerlo, sino el Consejo de Participación Ciudadana, porque la norma determina que tal petición debe entregarla el jefe superior.