El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) indicó que el 58,32% de los privados de la libertad cuenta con una sentencia.
Punto Noticias.- La crisis carcelaria aún es motivo de análisis. Conocer con exactitud cuántos privados de la libertad hay en los 36 centros penitenciarios del Ecuador no es una tarea fácil, a pesar de un censo que se efectuó en 2022.
La razón es que el dato oficial no reflejaría por completo la realidad de las cárceles, pues muchos de los que fueron censados serían parte de las víctimas de las masacres.
En esa línea, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) registró 31 319 privados de la libertad en las más de 30 cárceles de Ecuador. El conteo se realizó desde el 22 de agosto hasta el 10 de diciembre de 2022.
Sin embargo, ese número se vería alterado con la serie de crímenes al interior de las cárceles. En las cifras que el SNAI publica cada semana del mes, se observa que, en la semana del 30 de diciembre de 2022, 31 438 internos ocupaban las distintas cárceles del país. De ellos, 29 581 eran hombres y 1 857 mujeres.
A esa semana se mantenía un porcentaje de hacinamiento del 4,21%. Pero el censo del Gobierno advertía que el nivel del hacinamiento se redujo de más del 24% a un 3,8%.
Para la semana del 31 de marzo de 2023, las cifras nuevamente variaron, se hablaba de una población penitenciaria de 31 260 (29 451 hombres y 1 809 mujeres) con un 12,52% de hacinamiento.
Los datos varían
Billy Navarrete, director Ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), expresó que los datos del gobierno no están apegados a la realidad porque, por ejemplo, las propias autoridades del SNAI no sabrían cuántas personas habitan en los pabellones de la Penitenciaría.
A esos lugares no podrían ingresar debido a que son ocupados por integrantes de bandas delincuenciales como los Lating Kings, Las Águilas, Los Fatales, Los Tiguerones y Los Lobos. Aparentemente, la Penitenciaría estaría poblada por 5 532 privados de la libertad.
Para Navarrete esto es una muestra de una falta de política pública para atender a este sector de la población, pues del monitoreo que han hecho con otras organizaciones, no serían 31 319 privados de la libertad a escala nacional, sino más de 38 000 y de ellos, el 90% serían hombres y el 10% mujeres.
En cuanto a niveles de hacinamiento, el activista de derechos humanos señaló que sería del 50%. Sin embargo, el Comité recoge que el Sistema Penitenciario del Ecuador suma un total de 38 999 personas privadas de libertad en unas instalaciones que solo logran una capacidad de 30 099. Es decir, se mantiene un porcentaje de hacinamiento del 29,57%. De acuerdo al instrumento de planificación estratégica de la Política Nacional del Sistema de Rehabilitación Social del Directorio del Organismo Técnico del Sistema de Rehabilitación Social, esta data señala que el 93,45% (36 446) son hombres y el 6,55% (2 553) son mujeres.
Pero la lectura que tiene Navarrete sobre lo que sucede en las cárceles es que las masacres no son hechos aislados, más bien serían premeditados.
No se resuelve el problema -dijo- tratando de ser tolerantes solo al momento de rescatar los cuerpos de los privados de la libertad que han sido víctimas de las masacres, porque el inconveniente continúa, pues sostuvo que deben atender a las familias que quedan estigmatizadas.
Masacres en las cárceles
En el informe del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) se menciona que desde el 2018 hasta el 2022, 591 personas privadas de la libertad fueron asesinadas, siendo la cifra más alta en 2021, con 348, seguida con 147, en 2022.
Tomando en cuenta esas cifras, el Comité llegó a la conclusión que, en las masacres, 312 internos fueron asesinados en 2021 y 121, en 2022.
Asimismo, 21 internos extranjeros fallecieron al interior de los centros penitenciarios entre 2021 y mediados del 2022 (ocho de nacionalidad colombiana, cinco de nacionalidad venezolana, dos de Perú, uno de Israel y cinco cuyo origen no estaba determinado).
Solo en abril de 2023, según información recopilada por la prensa y redes sociales, al menos 22 privados de la libertad fueron asesinados. Tres, el 4 de abril en La Roca; seis el 12 de abril, en la Penitenciaría; 12 más en la Penitenciaría el 14 de abril y uno en la cárcel de Loja, el 16 de abril.
Bodegas humanas
La falta de una política pública adecuada no permite una verdadera rehabilitación y más bien las cárceles se han convertido en bodegas humanas, en las cuales hasta un plato de arroz sin una proteína puede llegar a costar USD 25.
Esta modalidad de negocio, que es liderado por las bandas delincuenciales, es parte de las extorsiones al interior de las cárceles como la Penitenciaría.
Las más vulnerables son las familias de miles de internos considerados débiles, entre quienes al menos el 39% no tiene una sentencia ejecutoriada.
Además, no toda persona que entra a una cárcel es delincuente o criminal.
Por ejemplo, el informe del Comité señala que el 58,32% de los privados de la libertad cuenta con una sentencia.
Frente a esto, el Centro de Etnografía Interdisciplinaria Kaleidos precisó que los familiares de las personas privadas de libertad pueden llegar a gastar entre USD 124 y USD 251 al mes para cubrir las necesidades más básicas de alimentación, útiles de aseo y visita familiar una vez por mes (umbral bajo), comunicarse con sus familiares y garantizar su seguridad dentro de la cárcel (umbral alto).
Tipos de delitos
De igual forma, Kaleidos presenta las cifras de acuerdo con los delitos por los cuales las personas privadas de la libertad ingresaron:
- Los relacionados con drogas constan como la infracción de mayor frecuencia (28,1%).
- Los delitos contra la propiedad (26,1%).
- Los delitos contra la integridad sexual y reproductiva (16,3%).
- Los delitos contra la inviolabilidad de la vida (13,5%), asociación ilícita y delincuencia organizada (4,1%).
- Otros grupos de delitos contravenciones y apremio de alimentos (11,9%).
Reformas al Sistema de Rehabilitación Social
Desde el 2014 se intentó hacer una serie de reformas estructurales a todo el Sistema de Rehabilitación Social, que se materializó a través de la construcción de mega cárceles y paralelamente reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) con el endurecimiento de penas y la falta de estándares de aplicación en la prisión preventiva.
Para las organizaciones de derechos humanos, entre ellas CDH, estas medidas intentaban llenar expectativas con respecto a la modernización del sistema carcelario. Pero agravaron las condiciones para que las personas privadas de la libertad pudieran desarrollar efectivamente la debida rehabilitación y reinserción social.
La respuesta del Gobierno
El 7 de noviembre de 2022, el ministro del Interior, Juan Zapata, aseguró -en un canal de televisión- que los derechos humanos están más para los delincuentes que para quienes están defendiendo a los buenos ciudadanos, que han sido afectados en su seguridad.
A ese criterio se sumó una expresión del presidente de la República, Guillermo Lasso, quien el 1 de noviembre de 2022, durante una cadena nacional, dijo: “Cuidado con apelar a los derechos humanos para solapar a la delincuencia (…) estoy aquí y he dispuesto actuar con dureza dentro del marco de la ley”.
De igual manera, entre el año 2017 y 2022 el presupuesto general del Estado mostró una reducción de USD 1 253 millones en el gasto codificado.
Con este antecedente, Navarrete remarcó que se defienden los derechos humanos de las personas, no de delincuentes, porque sus objetivos dentro del trabajo comunitario son la promoción y defensa de los derechos humanos; y otro rol y obligaciones los tienen la Policía Nacional en torno a temas de seguridad o el SNAI frente a la crisis carcelaria.
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