En el caso denominado ‘Vocales’, la Fiscalía investiga un presunto abuso del cargo, al ejercer influencia en otros servidores para fallar en una causa.
Punto Noticias.- El pasado 28 de abril, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, solicitó fecha y hora a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para que se realice la audiencia de formulación de cargos contra dos de los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) y un juez provincial de Pichincha por el presunto delito de tráfico de influencias. Ese día ninguno reaccionó, pero sí un día y hasta tres días después.
La Fiscalía acusa a los vocales de la Judicatura, Juan José Morillo y Ruth Maribel Barreno, así como al juez de la Corte de Justicia de Pichincha, Vladimir Jhayya de presunto tráfico de influencias en el caso denominado ‘Vocales’.
Según Salazar hubo un presunto abuso del cargo, al ejercer influencia en otros servidores para fallar en una causa.
Un día después, la única que reaccionó fue Barreno a través de un comunicado elaborado sin un membrete institucional y ahora lo hace Morillo, bajo las mismas circunstancias.
Barreno dijo sorprenderse del accionar “informal” de la Fiscalía, al enterarse de la indagación previa en su contra y exigió que sus derechos y garantías sean respetados, especialmente, tomando en cuenta la presunción de inocencia.
Mientras, Morillo manifestó ser respetuoso de la Constitución y de la Ley, así como ser coherente en sus actuaciones.
Comentó que desde el inicio de la investigación ha colaborado con la Fiscalía General del Estado para que realice su trabajo.
Indicó que, en esa línea de respeto a la institucionalidad, seguirá el debido proceso. Y, al igual que Barreno, criticó que en la fase de investigación previa que tiene el carácter de reservada, se hagan públicos ciertos hechos.
Agregó que, en el momento procesal oportuno, a través de su defensa técnica, ratificará su estado de inocencia.