El asambleísta Esteban Bernal, de CREO, insiste en que el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Gustavo Jalkh, cometió el delito de tráfico de influencias y demanda que la Fiscalía General profundice las investigaciones sobre este caso.
Con este propósito, Bernal llevó hasta la Fiscalía, según aseguró, alrededor de cinco mil fojas y pruebas documentales y testimoniales del presunto delito. Estos documentos son los mismos que presentó en la legislatura, en septiembre de 2017, para sustentar el pedido de juicio político en contra de Jalkh.
El asambleísta Bernal estuvo acompañado de Hernán Ulloa, abogado de algunos exjueces, destituidos por el CJ, quien sostiene que Gustavo Jalkh patrocinó el irrespeto a la independencia de este organismo.
La Fiscalía General notificó a Jalkh del inicio de un «acto urgente» ante versiones difundidas por varios medios de comunicación respecto a una presunta injerencia en la Función Judicial.
Otro asambleísta que, este jueves, acudió a la Fiscalía fue César Carrión, también de CREO, quien solicitó que investigue la rebelión policial del 30 de septiembre de 2010 (30-S). Según el excontralor Carlos Pólit, el actual fiscal general, Carlos Baca, habría editado videos, cuando dirigió una comisión investigadora, para inculpar a policías, militares y civiles.
El Fiscal General de la Nación, Carlos Baca Mancheno, es investigado desde el pasado 16 de marzo por el presunto delito de peculado, por parte de la fiscal subrogante Tanhia Moreno.