Los asambleístas advirtieron que la norma prohíbe generar intereses de mora sobre el capital de los valores diferidos o reprogramados, como hacen estas entidades.
Punto Noticias. Con 115 votos a favor, el Pleno resolvió que la Legislatura llame a comparecer a las superintendentas de Bancos, Ruth Arregui Solano, Economía Popular y Solidaria, Margarita Hernández Naranjo, y presidente de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, Richard Martínez, para que informen sobre las acciones que se ejecutan para la reprogramación de pago de cuotas por obligaciones, con entidades del sistema financiero nacional y no financiero, tanto públicas como privadas.
Los asambleístas recogieron denuncias de que, actualmente, se cobran intereses de mora sobre el capital de valores diferidos, que no se han podido cancelar por la crisis debido a la pandemia del Covid-19, a sabiendas de que la Ley de Apoyo Humanitario, promulgada el 22 de junio del 2020, en sus artículos 10, 11 y 12 y las resoluciones emitidas por la Junta Monetaria y Financiera, lo prohíben.
La Superintendencia de Bancos deberá explicar, según la muestra de datos recopilados hasta el momento, las diferentes operaciones de crédito del sector de la transportación, en sus diferentes modalidades, de la cadena productiva y el sector turístico, que están bajo su supervisión.
Esta misma información tendrá reportar la autoridad de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
Los asambleístas encargaron a la Comisión de Fiscalización que realice el seguimiento de la información que proporcionen las autoridades, tras su comparecencia en el Pleno. En el plazo máximo de 10 días, a partir de las comparecencias, elaborará un informe para conocimiento del Pleno del Parlamento Nacional.
Ese informe será debatido y, según sea el caso, se resolverán las actuaciones legislativas necesarias para precautelar los derechos de los ciudadanos, respecto de sus obligaciones financieras, en el marco de lo amparado por la Ley de Apoyo Humanitario.
Legisladores de las distintas bancadas respaldaron el proyecto de resolución, propuesto por Alberto Arias, de Alianza PAÍS, en virtud de que estas autoridades tienen la obligación de rendir cuentas sobre la aplicación de las normas que emite la Asamblea Nacional, más aún cuando las instituciones del sistema financiero nacional y no financiero hacen caso omiso de la ley.
Advirtieron que existen varias denuncias de ciudadanos quienes se sienten afectados por las irregularidades que se dan en la reprogramación, porque se les suman las cuotas vencidas, más el capital y los intereses, lo cual va contra lo que dice la Ley de Apoyo Humanitario.
El acuerdo sobre la reprogramación al que lleguen las instituciones con sus clientes, pueden incluir diferimientos y reprogramaciones de cuotas impagas. Asimismo, durante el periodo del diferimiento, todas las entidades referidas anteriormente están prohibidas de generar intereses de mora sobre el capital de los valores diferidos, según la norma.
Fuente: Asamblea Nacional.