La Asamblea Nacional recibió la sentencia ejecutoriada contra Bonilla, en el caso Sobornos.
Punto Noticias. Viviana Bonilla será cesada en sus funciones de asambleísta, una vez que el Parlamento Nacional recibió la notificación de la sentencia del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia en su contra, en el caso Sobornos.
Patricio Donoso (CREO), integrante del Consejo de la Administración Legislativa (CAL) confirmó que la mañana de este 24 de septiembre, el presidente de la Legislatura, César Litardo, fue notificado con este fallo.
Bonilla, candidata a la Alcaldía de Guayaquil, fue procesada por el delito de cohecho pasivo agravado, junto a otros 19 procesados involucrados en la presunta trama de corrupción denominada Sobornos 2012-2016, por la que fueron condenados a ocho años de prisión.
Está previsto que, en las próximas horas o el lunes, el CAL conozca la notificación judicial y dé el trámite legislativo correspondiente, para cesar en funciones a Bonilla (numeral cinco, artículo 115, Ley de la Función Legislativa) y principalizar al asambleísta suplente, Rodrigo Collaguazo.
Según la normativa del Legislativo, un asambleísta será cesado si tiene en su contra “sentencia penal condenatoria ejecutoriada”. El nuevo legislador asumirá su curul, su tarjeta electrónica, y su salario, según explicó Donoso.
Bonilla aún figura como integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, en la web de la Asamblea Nacional. Fue también primera vicepresidenta de esta Función del Estado, al inicio, en los dos primeros años de este periodo.
Este 23 de septiembre, el Tribunal de primera instancia o de Juzgamiento del caso Sobornos asumió la causa, en la que se juzgó el delito de cohecho pasivo agravado, y dispuso ejecutar la sentencia.
Ordenó que se cursen los oficios correspondientes a la Comandancia de la Policía y a la Policía Judicial para que se proceda con la localización y captura de 18 de los 20 sentenciados a ocho años de cárcel.
La sentencia también se trasladará al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que, al momento de calificar candidaturas políticas, por ejemplo, tome en cuenta que los acusados por este caso perdieron sus derechos políticos a perpetuidad. La Constitución señala, como una de sus prohibiciones, que las personas acusadas por este delitos y otros no pueden ser candidatos a la elección de una dignidad popular.
Fuente: El Universo.