Criticó que el Gobierno tuvo que posicionar a la Revolución Ciudadana como su «enemigo interno” para justificar «todo lo que han hecho mal durante estos tres años».
Punto Noticias. Christian González, dirigentes de la Revolución Ciudadana, se horroriza, nuevamente, al recordar la violencia que vivió el día de su detención. Llegaron 27 vehículos y 32 agentes (GIR, inteligencia, Fiscalía) –recordó. Entraron a la fuerza a su domicilio a las 05h21. En pijama, recibió al contingente policial. Uno de ellos lo apunto con un fusil. El próximo jueves 27 de agosto se conocerá si el juez llama o no a juicio a González, acusado de presunta rebelión, junto a Paola Pabón y Virgilio Hernández.
González criticó que los medios de comunicación amplifican una teoría de la Fiscalía que no tiene sustento. Dijo que ellos terminaron siendo los “responsables” de las manifestaciones de octubre, continuando con la línea del Gobierno “que era culpa de todo a Rafael Correa o a los correístas. Siguiendo eso, nosotros terminamos siendo los culpables de las manifestaciones y hasta de la emisión del Decreto 883”, cuestionó.
El activista señaló que el Gobierno posicionó al correísmo como “el enemigo interno” para justificar todo lo que han hecho mal durante estos tres años.
Para ese entonces (octubre de 2019), dijo, tenía una cuenta de Twitter con 325 mil personas. “Ayer en la audiencia, uno de los tuits que aparentemente son los más malignos, se ve que tiene 8 retuits y 5 me gusta”, reprochó González, al rechazar que por estos tuits se intente llevar a juicio.
Considera que se debe analizar profundamente lo ocurrido en las manifestaciones de octubre. Uno de los actores políticos, dijo, fue el movimiento indígena, así como las organizaciones sociales del bloque popular, quienes “se vieron sobrepasadas por la movilización y el nivel de respuesta de la gente ante el malestar del Decreto”.
Además, recordó que la primera movilización fue en el Carchi. “Ahí quemaron la Gobernación y no hubo un solo procesado. La segunda provincia que se moviliza es Bolívar, en rechazo a la empresa minera. Allí tampoco hay ningún procesado”, agregó.
Por primera vez, González contó el violento allanamiento orquestado por la Fiscalía:
A las 5h21, en el sur de Quito, -lugar de su residencia- llegaron 27 vehículos y 32 funcionarios públicos entre el GIR, Inteligencia, Fiscalía, policías de civil. Tumbaron la puerta, ingresaron por la fuerza, me apuntaron con un fusil. De manera intimidatorio se lanzaron al teléfono, destruyeron la casa.
Luego de dos horas, me llevaron detenido en un vehículo. Esposado e, incluso, con un policía sobre mis rodillas. Siguieron la línea del Trole, pasaron por la Contraloría y bajaron los vidrios. Me dijeron: mira cómo quedó la Contraloría.
Al momento de llegar a Flagrancia, uno de los policías me apuntó nuevamente con el fusil y me dijo no intentes nada. ¿Qué iba a intentar?
De su allanamiento, la Fiscalía publicó una bandera que decía vota no, unos gafetes que dan acceso a tarimas de campañas de las que ha participado, incluidas las de Lenín Moreno. También camisetas de movimiento y colectivos, y sus libros.
Lamentó que no ha cesado la persecución. “No han tenido ningún tipo de dificultad de seguir implementando esta política fascista, con el objetivo de aniquilar y proscribir al adversario. En octubre, no solo estaba en juego nuestra libertad, también la Prefectura de Pichincha”, afirmó.
Además, dijo que se contagió de COVID-19 en la fila de la presentación de la Fiscalía porque, criticó, no tenían preparado para recibir a un gran número de personas que acudió.
Enfatizó que no han dejado de militar ni alzar la voz y ratifican su inocencia. “Tenemos la expectativa de que hay una enorme oportunidad para que, incluso, en primera instancia se declare nulo y puedan recibir su sobreseimiento”, finalizó.