La Defensoría hará un seguimiento del cumplimiento, caso contrario se le pediría al juez que declare el desacato, para proceder con las sanciones.
Punto Noticias.- Varios sectores sociales que el Gobierno adeuda sus recursos intentan ampararse en acciones de protección, por medio de la justicia, con el fin de que las autoridades cumplan con diversos rubros, especialmente los salarios.
Por esta razón el juez Carlos Francisco Fuentes admitió en primera instancia, la acción de protección planteada por la Defensoría del Pueblo y un sector de maestros. Según Freddy Carrión, Defensor del Pueblo, el juez dispone que se paguen los haberes no solo de los profesores, sino de todo el sector público, incluso los del Gobierno central y de los seccionales. También, que de ahora en adelante, el régimen deberá cancelar en los cinco primeros días del mes los sueldos que les corresponde al sector público.
Este veredicto fue después de una audiencia donde los demandantes y el Gobierno presentaron sus alegatos, a pesar de que las autoridades de Gobierno revelaron que no hay liquidez por varios factores conexos con la pandemia, el juez estableció que hay vulneración de derechos.
El defensor Carrión, considera que entre los derechos vulnerados está el de seguridad jurídica, del trabajo, a la vida digna y el derecho a un trato justo y sin discriminación porque decidieron priorizar el pago a ciertos sectores, esto es incorrecto, pues todos los trabajadores, sin distingo de sector, requieren la remuneración mensual. Además, alertó que el ministro de Finanzas, Richard Martínez, sigue hablando de priorizar pagos por sectores, eso no cabe, según el fallo del juez. A pesar de ello, por ser de primera instancia puede ser apelado.
Por su lado, Juan Carlos Orellana, alcalde de Aguarico y presidente de la Regional 2 de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), señaló que presentarán también una acción de protección con el fin de que el Gobierno cumpla con las obligaciones económicas tanto del impuesto al valor agregado (IVA) como de las asignaciones de ley.
Reveló que en días anteriores algunos alcaldes se reunieron con el presidente Lenín Moreno y el ministro de Finanzas, Richard Martínez, pero no hay visos de solución. Por eso acuden a las acciones legales.
Orellana comentó que los municipios enfrentaron la pandemia sin mayores recursos, sus competencias, y las que no eran responsabilidad de los gobiernos seccionales. Al momento 10 de los 17 municipios que son de la regional 2 (Napo, Orellana y Pichincha) han dado su consentimiento para ejecutar una acción de protección y exigir el pago inmediato de sus haberes.
Por su lado, Ricardo Ramírez, alcalde de Francisco de Orellana, agradeció la iniciativa del alcalde de Aguarico y dijo que “ya ser pacíficos debe pasar de moda”, propuso exigir los pagos. Otros alcaldes de la regional que participaron les preocupan la falta de liquidez y buscan saber cuáles son los mecanismos de pago con bonos. Aunque Orellana ya rechazó el pago con bonos que ofreció el Gobierno.
Para el defensor del Pueblo si al final el ministro de Economía que esté de turno no cumple lo indicado por el juez, se procedería con la destitución e inclusive con una demanda penal por desacato. Estas acciones se llevarían a cabo en desde estos primeros días de septiembre. La propia Defensoría hará un seguimiento del cumplimiento, caso contrario se le pediría al juez que declare el desacato, para proceder con las sanciones.
De su lado, el presidente de la República, Lenín Moreno, aseveró que con los nuevos recursos que llegarán de las multilaterales se pagarán las cuentas pendientes.
Fuente: El Universo